Gobierno y Cabildos elevan en más de 24 millones de euros la financiación de la atención a personas con dependencia

El Gobierno de Canarias incrementa este año un global de 15.770.986,78 euros a los Convenios establecidos con los siete Cabildos insulares a través de los cuales se financian de los servicios para prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad.

Este incremento se suma a la aportación realizada por los Cabildos insulares a estos Convenios, que es de 8.504.432,79 euros, lo que supone un incremento global, entre ambas Administraciones, de 24.275.419,57euros.

Esta cifra se suma a los 264.190.174 millones que se invierten en la financiación de estos acuerdos para la atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, por lo que la inversión en 2023 para la atención a personas en situación de dependencia en las Islas será de 288.465.593,57 euros.

El aumento de la financiación se lleva a cabo con el fin de dar respuesta a las entidades sociales que reivindican el incremento de los precios plaza. Se trata de tercera vez en esta legislatura que se suben estos precios con el fin de adecuarlos a la realidad de los costes de los servicios.

A este respecto, el Gobierno de Canarias y Cabildos se han comprometido a realizar una mesa técnica en donde se estudien los costes reales de todos los servicios y poder adecuarlos de manera definitiva, sin perjuicio del incremento anual como consecuencia de la aplicación de los distintos convenios colectivos del sector o del IPC.

Este aumento de la financiación de estos convenios se materializa en el aumento en un 10% en las dotaciones en los sectores de Mayores y Discapacidad, en los servicios de centro de atención residencial y diurna, y en 30% en los hogares funcionales, tanto en el sector de mayores como para la atención de personas con discapacidad. Además, se incrementa en un 20% los centros de día en el sector de Discapacidad.

En el ámbito de Salud Mental, se aumenta la financiación en un 15% en viviendas y pisos tutelados y un 25% los recursos residenciales y centros de rehabilitación psicosocial.