“Si exigen a los vecinos de un inmueble el estado de conservación de su edificio y el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad universal y grado de eficiencia energética, tanto el alcalde Augusto Hidalgo como el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, deben ayudar a los vecinos a realizar este informe”, apuntan los nacionalistas, que elevarán a pleno esta moción
El candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, asegura que el próximo gobierno de la ciudad tendrá por delante el reto de afrontar el “mayor plan de rehabilitación urbana” , y añade: “Más del 50% de las viviendas de la capital grancanaria tiene más de 50 años y necesitan de manera urgente ser rehabilitadas”
El grupo municipal Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elevará al próximo pleno municipal una moción para requerir que se estudie la forma más adecuada para colaborar y ayudar a las comunidades de vecinos en la realización del Informe de Evaluación de Edificios.
Se trata de una premisa que se desprende tras detectar grandes dificultades de muchas comunidades vecinales para llevar a cabo dicho informe, que según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, puede ser requerido por la Administración competente.
En este sentido, el candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz nacionalista en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, aseveró: “El próximo Gobierno tanto de Canarias como de Las Palmas de Gran Canaria tendrá por delante el reto de afrontar el mayor plan de rehabilitación urbana de la historia de nuestras islas. En nuestra ciudad, más de la mitad de los edificios tiene más de 50 años y necesitan urgentemente ser rehabilitados. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como Administración Pública, tiene que colaborar en el diagnóstico sobre el estado de los edificios de esta ciudad para, posteriormente, llevar a cabo los planes de rehabilitación y regeneración urbana que sean necesarios”.
Con todo, añadió: “Carece de todo sentido que la Administración pueda requerir a los propietarios de los inmuebles de viviendas residenciales colectivas la situación en la que se encuentran sus edificios en cuanto a estado de conservación, y ver además si cumplen o no con la normativa vigente de accesibilidad universal y grado de eficiencia energética, y no prestarles la ayuda económica necesaria para que lo puedan realizar”, puntualizó.
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