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Opacidad y mal gobierno

sábado 06 de marzo de 2021, 12:13h

Las olas pandémicas se caracterizan por un aumento del número de contagios y su posterior recuperación. Tienen efecto directo sobres las personas y consecuencias sobre los medios de producción. La fase de recuperación pandémica no se acompaña del rescate simultáneo del tejido productivo. Le acompaña un potente fenómeno de resaca que retrasa la recuperación económica y arrastra a la baja los indicadores de empleo.

Cuando comparamos las tasas de paro en la unión europea observamos que son muy distintas en los diferentes países. España lidera la destrucción de empleo y el aumento del número de parados. Multiplica por 8 a los de Alemania. Los datos más preocupantes son los del paro juvenil. Roza el 50%. En sí mismo es una catástrofe.

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número total de parados al cierre del mes de febrero supera los 4 millones. Casi 800.000 más que en febrero de 2020. Cifra que se acerca, en sentido inverso, a la mítica promesa incumplida de creación de 800.000 puestos de trabajo del gobierno de González.

El crecimiento del paro registrado en el último año es del orden del 25%. Si le añadimos los trabajadores en ERTE, sin actividad laboral, se le añade un millón de personas más. Si sumamos los trabajadores autónomos en cese de actividad, la cifra de reducción del empleo a fecha de hoy se acerca, peligrosamente, a los 6.000.000. El deterioro económico de las familias españolas derivado de la reducción de empleo es insufrible. La economía que acompaña a este desastre, solo se puede calificar de ruinosa.

El interrogante mayor es el que deriva de la duda sobre qué porcentaje se debe directamente a la pandemia y al modelo económico y cual a los déficits de gestión. Cuanto empleo se podría haber salvado con medidas políticas ejecutivas bien dirigidas.

El objetivo más importante es iniciar la recuperación. Y hacerlo con solvencia. Con el orden de prioridades claras. Las energías del gobierno no se pueden disipar, como parece, en provocadoras apuestas ideológicas minoritarias, al revisionismo de manual bolchevique, en huidas hacia adelante, en luchas intestinas en el seno del gobierno, en la división del país. El gobierno es de todos y debe estar orientado al bien general.

¿Qué interpretación se puede hacer a que los 140.000 millones de euros que va a aportar la UE, que nos comprometen económicamente hasta el 2035, se hayan aprobado para ser aplicados con una norma que permite la extrema opacidad? Preocupa el hecho en sí mismo; más si nos atenemos a que 4 ministros del gobierno que los ha aprobado han participado en los ejecutivos a los que se atribuye el mayor escándalo de iatrocinio público de la historia de España -con permiso de los Pujol-, los ERES de la Junta de Andalucía. El partido que dejó al país tiritando en 1996 con González o en 2011 con Rodríguez -Zapatero para los amigos- que tuvo que congelar y recortar hasta las pensiones de jubilación.

Todo esto viene a cuento en la medida en que, según se ha publicado en los medios, el Ministerio que dirige María Jesús Montero, ha recortado el poder de control a los órganos de intervención del Estado. Recorte que provoca la indignación del propio Consejo de Estado.

Estos dos aspectos son preocupantes en la medida en que los ERES andaluces acompañaron a la región europea con mayor paro estructural de Europa durante 40 años y el Plan E se convirtió en el plan de los carteles publicitarios y las acciones insensatas. Y lo que es más grave, que la falta de trasparencia es una característica objetiva de mal gobierno.

Buen finde.

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