"El despido libre y gratuito está prohibido y el Gobierno de Canarias pretende practicarlo con 27.000 trabajadores"

Los Trabajadores Públicos piden en el Parlamento de Canarias una solución excepcional para una situación excepcional: "El despido libre y gratuito está prohibido en el ordenamiento jurídico español y el Gobierno de Canarias pretende practicarlo con 27.000 trabajadores"

El portavoz de la Plataforma de Trabajadores Públicos en Fraude de Ley Pefralca, Miguel Quintero, compareció en la Comisión de Gobernación del Parlamento para solicitar que se creen la normativa necesaria para evitar el despido de 27.000 trabajadores del Gobierno de Canarias.

"Aquí se crea el Derecho y el Derecho debe servir para solucionar los problemas de la sociedad", afirmó Quintero quien agradeció, como representante de la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias, la invitación del Grupo Nacionalista Canario, para comparecer en sede parlamentaria e hizo extensivo este agradecimiento "a todos los parlamentarios que a lo largo de los últimos meses se han implicado activa e intensamente en la búsqueda de dialogo y soluciones, y agradecemos muy especialmente a todos los que genuinamente apoyaron la PNL del pasado 2 de diciembre impulsada por la Sra. Reverón exhortando al Gobierno de Canarias a replantear su acción política en esta materia, a negociar con los sindicatos SEPCA e IC y a usar el plazo ampliado por el Estado a diciembre de 2021 para buscar la mejor solución".

Afirmó que acude a esta comparecencia en la convicción de que existe la mejor de las voluntades políticas en este Parlamento de Canarias para impulsar todo tipo de iniciativas que nos permitan resolver de forma definitiva el problema del abuso de temporalidad en nuestra comunidad autónoma. "Acudimos con la confianza de que en esta voluntad reside la clave de una solución política a un problema excepcional que puede tener una solución excepcional en el marco legislativo canario. Aquí se crea Derecho y el Derecho debe servir para solucionar los problemas de la sociedad", señaló.

Los instrumentos o las fórmulas legislativas concretas que puedan impulsarse en el Parlamento serán el resultado de su buena voluntad y de su esfuerzo por analizar, consensuar y resolver, manifestó.

Explicó que la razón de la Constitución de la plataforma de empleados públicos en fraude ley de Canarias y la razón de nuestra presencia en esta sede no es otra qué representar a TODOS los trabajadores y trabajadoras que desde hace décadas vienen sufriendo el abuso de temporalidad.

"Procede por tanto empezar con una breve explicación de este concepto, ABUSO DE TEMPORALIDAD. Las normativas nacionales y comunitarias otorgan a todo ASALARIADO el derecho a la estabilidad temporal pasados los 2 años del inicio del vínculo con su empleador. Sin embargo, este derecho de carácter general reconocido en la legislación laboral española y en el derecho comunitario no EXISTE para centenares de miles de empleados públicos en nuestro país, quedando por tanto privados de un derecho básico y discriminados frente al resto de asalariados en una situación de abuso temporal continuado".

Además señaló que la doctrina europea es contraria a esta discriminación. Con independencia del tipo de empleado público, la práctica común de las administraciones públicas Canarias y en general de todo el estado, ha sido durante los últimos 25 años el incumplimiento de las obligaciones con sus empleados y el ejercicio de un abuso continuado en la persona de cada uno de ellos.

"Esto ocurre en todas las administraciones y con respecto a todo tipo de vínculo entre la administración empleadora y el empleado público temporal. Esta práctica continuada del abuso ha dado lugar a un problema de enorme envergadura que choca de frente con el derecho y la jurisprudencia de la Unión Europea", explicó.

En este sentido la conocida sentencia el TJUE de 19 marzo de 2020 vino a determinar, entre otras cosas, la responsabilidad de las administraciones públicas españolas en la generación de este atropello contra los derechos de los empleados afectados y, obviamente, en la resolución del mismo.

Este mal endémico de las administraciones públicas españolas se concreta en Canarias en la existencia de índices de temporalidad inasumibles para una administración moderna que pretenda ser garantista y eficiente. "Pero, sin dejar de ser el problema de una organización es el problema de las personas y sus familias".

Se refirió a las cifras que en nuestra comunidad autónoma son de escándalo; "Más de 26000 empleados públicos canarios y sus familias sufren desde hace demasiados años este abuso solo en el ámbito de la Administración de la CAC, mientras una cifra similar de empleados lo sufren en el resto de administraciones locales, cabildos y universidades".

Sirvan estas cifras para entender que la magnitud del problema social y económico derivado del abuso es intolerable para el conjunto de la sociedad canaria. Si dijéramos que la Administración de la CAC es el empleador único qué más empleados tiene en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma, un total de 65000 asalariados y que, esta “empresa” pone en peligro la continuidad de 29000 de estos empleados, es decir, del 46% de los mismos, cualquiera se alarmaría de las consecuencias sociales de este problema.

Si dijéramos además que la antigüedad media de estos trabajadores en la empresa es de 20 años y que la edad media de estos empleados y empleadas es de 50 años, "todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza". Si, además, a ello añadimos que, de esta cifra, más de 21000 son mujeres (un 70%), la mayoría de ellas mantenedoras exclusivas de sus unidades familiares, el asunto generaría aun mayor alarma.

"Hacemos esta breve alusión sociodemográfica para exponer la dimensión social del asunto, porque, al margen de la discusión sobre el derecho individual de estos trabajadores a su estabilidad laboral, está la dimensión colectiva de un problema que afecta al conjunto de la sociedad canaria", añadió.

El origen de este problema se sitúa, a juicio de Pefralca, en la nefasta política de cobertura de recursos humanos llevada a cabo, en general por todas las administraciones públicas, en los últimos 25 años. la carencia de racionalidad, previsión y eficiencia en materia de provisión de recursos humanos, ha dejado esta necesidad en manos de la improvisación y la práctica continua del fraude de ley.

"Mientras las administraciones han improvisado continuamente en esta materia han ido creando situaciones individuales de abuso que resultan pasados 25 años en las cifras anteriormente expuestas".

Para Pefralca, no es posible resolver este problema sin resolver cada una de las situaciones individuales del abuso. El problema de las cifras de temporalidad y su solución ha de reducirse a la solución de cada uno de los casos en los que hay un empleado público en esta situación. "No es un problema de plazas o temporalidad en abstracto, es un problema de personas".

Entiende que no cualquier solución es válida ni garantista. Para ello se debe reconocer antes que nada la primacía del derecho Eurocomunitario y la obligación impuesta por el mismo de reparar el abuso de temporalidad compensando a las víctimas de su vulneración y sancionando a la administración que ha abusado. "No podemos salirnos de este cauce porque se ha de respetar el derecho de la UE y no podemos presumir de europeos solo cuando conviene para nutrirse de Fondos económicos".

En este momento, dramática paradoja, "los empleados públicos víctimas del abuso estamos amparados por las instituciones y tribunales europeos y desamparados por las administraciones públicas nacionales y por las grandes centrales sindicales de este país, triste realidad".

El abuso de temporalidad supone una vulneración del marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, tanto de la Directiva 1999/70/CE de 8 de junio de 1999, como de la reciente jurisprudencia del TJUE de 19 de marzo de 2020. Dicha jurisprudencia deja meridianamente claro que los procesos de consolidación y estabilización del empleo público acordados en la ley de presupuestos generales del Estado de 2017 no son la solución adecuada al problema del abuso de temporalidad porque con la libre concurrencia no se garantiza la compensación del abuso a la víctima del mismo, más al contrario, "se favorece su despido libre y gratuito, siendo este un resultado prohibido en nuestro ordenamiento jurídico y del que las administraciones convocantes se despreocupan al dictado de estas convocatorias".

Por ello, el representante de Pefralca pidió públicamente la paralización inmediata de todos los procesos selectivos que se desarrollan en esta Comunidad Autónoma en este momento que no respetan esta jurisprudencia y se reconduzcan al respeto de su literalidad, y hacemos alusión directa a la OPE de los médicos especialistas, docentes y personal de cabildos y organismos dependientes de los mismos.

La sentencia deja también claro que el abuso de temporalidad exige una compensación para las víctimas del abuso con una medida efectiva y proporcionada que limite las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión. La misma Abogada General del TJUE ha sugerido que esta reparación puede ser el reconocimiento excepcional del derecho a la "FIJEZA DIRECTA del PERSONAL EN SITUACIÓN DE ABUSO RECONOCIDO ADMINISTRATIVAMENTE".

La otra opción alternativa que dictamina la sentencia es una indemnización para reparar el abuso; indemnización que ha de ser disuasoria, con lo que las AAPP DEBERÍAN INCURRIR en gastos millonarios, situación que de por sí, en condiciones económicas favorables sería absurdo, cuento más en las actuales circunstancias económicas y sociales que vivimos por la Pandemia.

Insistió en que las convocatorias de procesos selectivos abiertos de libre concurrencia no son una respuesta adecuada a las circunstancias excepcionales de abuso de temporalidad en las que nos encontramos.

Para finalizar, expuso que el abuso de temporalidad requiere de soluciones excepcionales de consolidación qué restauren los derechos a la estabilidad lesionados por parte de las administraciones públicas de acuerdo a esta normativa y jurisprudencia de la Unión Europea. "Es esta la única forma de reparar de manera proporcionada y efectiva a las víctimas del abuso de temporalidad. Persistir en las actuales políticas ejecutivas de Estabilización sin respetar el marco europeo es ilegítimo, lesivo, caro, ineficiente y absurdo si queremos avanzar en el logro de construir una sociedad más justa con unas administraciones públicas dentro de estándares europeos", concluyó.