Las tramas de corrupción restan eficacia a la lucha contra la pandemia en Honduras

La ONG 'Mesa de Derechos Humanos de Honduras' ha denunciado este miércoles que el país registra "constantes y graves" violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el coronavirus, al tiempo que ha rechazado la "falta de transparencia" en el uso de los recursos.

Desde el inicio de la pandemia en Honduras, la Mesa ha dado a conocer "las constantes y graves violaciones a los derechos humanos" debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, en declaraciones de la activista Sandra Zambrano. Las denuncias más constantes son, según Zambrano, "la negligencia en el abordaje de la pandemia, y la muerte de poblaciones vulnerables y excluidas".

En el transcurso de una rueda de prensa, la integrante de la 'Mesa de Derechos Humanos de Honduras' ha señalado que las 17 organizaciones que forman parte de esta plataforma rechazan "contundentemente la falta de transparencia y de rendición de cuentas" en el manejo de los recursos para atender la emergencia sanitaria por la Covid-19, que, por el momento, presenta un balance de 1.593 muertos y 51.670 contagios en el país centroamericano.

Zambrano ha incidido en el hecho de que la falta de transparencia "impide el fortalecimiento del sistema sanitario y limita el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud".

EXIGEN A LA JUSTICIA QUE ACTÚE DE OFICIO

En este sentido, las entidades que forman parte de la Mesa de Derechos Humanos exigen al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia "actuar de oficio" para investigar a algunos responsables estatales, políticos y empresariales que, según aseguran, se "han beneficiado ilegalmente como resultado del histórico latrocinio de corrupción en el marco de la pandemia".

Siguiendo la argumentación de la activista, la corrupción ha impactado "negativamente" en el respeto de los derechos humanos, "agravando la situación de grupos de personas colocadas en situación de mayor vulnerabilidad", entre los que ha citado a los niños, las mujeres, la comunidad LGBTI, los pueblos indígenas, los adultos mayores y los discapacitados.

Entre los ejemplos concretos de supuesta corrupción o negligencia, cabe destacar la compra de equipos y materiales, entre ellos siete hospitales móviles, de los que dos llegaron el 10 de julio procedentes de Turquía. Sin embargo, hasta el momento estos equipamientos no han sido puestos a disposición de la población.

La compra, valorada en unos 48 millones de dólares, corrió a cargo del departamento de Inversiones Estratégicas Honduras (INVEST-H), cuyo exdirector ejecutivo, Marco Bográn, es investigado por el Ministerio Público tas múltiples denuncias de sectores de la sociedad civil del país.