Un millón de personas se ha empobrecido anualmente en España desde el comienzo de la crisis por lo que, actualmente, hay cerca de 12,7 millones de ciudadanos que forman parte de "una espiral perversa" al no contar con "ingresos suficientes" para tener "una vida digna", según ha denunciado el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), Carlos Susías.
En el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este miércoles, Susías ha lamentado que los ciudadanos han pasado de "ser sujetos de derechos a ser asegurados" y ha insistido en que "conseguir que no se mueran personas es un derecho básico, no una estrategia".
En un desayuno informativo en Madrid, Susías también ha asegurado que el índice de pobreza en España ha subido cinco puntos por la crisis en los últimos tres años mientras que en época de crecimiento no disminuyó. Por ello, ha arremetido contra las medidas que se están tomando para paliar los efectos de la actual situación económica ya que, a su juicio, "conllevan a un empobrecimiento masivo" por lo que ha pedido "un cambio de modelo social" en el que se actúe "sobre los efectos de la pobreza y no sobre las causas".
En este sentido, ha destacado la importancia de crear empleo "capaz de sacar de la pobreza, siempre que esté por encima del umbral de la pobreza", en alusión a los denominados 'minijobs' que hay en Alemania y cuya posible implantación se ha debatido en España. "De cada ocho personas que trabajan en 'minijobs', sólo una logra tener empleo estable y las otras siete necesitan ser mantenidas por el sistema de protección social alemán", ha asegurado.
En la misma línea, preguntado sobre el impacto en el empleo que podría tener el proyecto Eurovegas en España --que próximamente se construirá en Madrid-- Susías ha reiterado que "no todo empleo vale" y ha apostado por un modelo de crecimiento "vinculado al entorno comunitario".
Por otro lado, el presidente de EAPN ha señalado que "el cambio" al que ha hecho alusión también tiene que producirse entre las entidades del Tercer Sector que, entre otros aspectos, "deberían tener la obligación" de publicar su balance de actividades para que los ciudadanos sepan "en qué gastan" el dinero.