La acusación particular pide tres años de cárcel para el doctor Cristobal Pizà

Tres años de prisión y multa de 18.000 euros. Esa es la pena que solicita la acusación particular - en representación de Francisco Miralles- para el que fuera propietario de la policlínica Miramar, Cristóbal Pizá, y su mujer, Antonia Margarita Morro, por un presunto delito de alzamientos de bienes. En el escrito de acusación presentado ante el juzgado después de que el magistrado acordara transformar las actuaciones en procedimiento abreviado, se solicita la apertura de juicio oral así como una fianza para hacer frente al pago de posibles responsabilidades económicas de 147.651,09 euros. El documento, que consta de diez folios, relata cómo Pizà se deshizo de dos de sus propiedades para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al que en aquella época era máximo accionista de la Policlínica y querellante en esta causa, Francisco Miralles. Dichas propiedades fueron enajenadas por Consaba -de la que Pizá era administrador y a la que Miralles, a través de la mercantil IGM, concedió un préstamo de dos millones de euros en 2006. En concreto, el imputado vendió una de las viviendas -ubicada en Calvià- a su suegra por 87.545 euros, mientras que la segunda -en Logroño- se la compró su mujer por 121.260 euros. “El precio de venta puede considerarse irrisorio, ya que está claramente por debajo del precio de mercado”, dice el escrito que señala además que Pizà y su mujer hicieron constar domicilios diferentes “para engañar y confundir”. Por este motivo en el escrito de acusación se pide además de la pena de tres años de cárcel que se anulen estas dos compraventas. IMPUTADO POR APROPIARSE DE NUEVE MILLONES DE LA POLICLÍNICA Cristóbal Pizà también está imputado en el procedimiento que indaga un presunto delito societario y otro de apropiación indebida por haberse apropiado, junto a su socio en Consaba, Miquel Dalmau -ya fallecido-, de unos nueve millones de euros sin el conocimiento del resto de accionistas de la Policlínica. Unos hechos que se encuentran en la actualidad pendientes de calificación por parte de la Fiscalía y la acusación particular.