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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha declarado este miércoles que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no suspender cautelarmente las exploraciones de Repsol responde, una vez más, a la supeditación del Gobierno de España a los intereses privados de Repsol.
Rivero aseguró que el Ejecutivo regional “lo acata pero no lo comparte”, por lo que anunció el consiguiente recurso ante el Supremo, entendiendo que no se ajusta a Derecho y, lo que es más importante para el presidente, “no se ajusta al sentido común, que dice que si se piden unas cautelares ante acciones potencialmente peligrosas, lo lógico sería aceptarlas”.
No obstante, el líder regional añadió que “si Repsol piensa que vamos a cesar en la lucha por defender nuestro entorno natural, están equivocados. Estas decisiones lo que hacen es reforzar nuestra posición”, desde el punto de vista científico y el jurídico, ámbito en el que el Gobierno autonómico sigue batallando a nivel nacional e internacional.
Paulino Rivero también lamento la profunda arbitrariedad que emana de las Administraciones Públicas, y que se demuestra en el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). “Los informes que se emiten desde la Dirección General de Sostenibilidad del Mar y de Costas son totalmente diferentes. En el golfo de Valencia, basta con que haya 11 cetáceos en sus aguas para una DIA negativa. En Canarias, donde hay 29, no se tiene en cuenta”, apostilló apelando al artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe expresamente la arbitrariedad de las Administraciones Públicas .
Por ello, Rivero adelantó que próximamente conoceremos las actuaciones que se llevarán a cabo junto a las universidades canarias para desplegar en la zona personal científico que se encargue de hacer un seguimiento permanente de las operaciones que se están llevando a cabo, para, si hay alguna incidencia notable, exigir el cumplimiento estricto de las medidas que se expusieron en la DIA, puesto que, “dado que no nos facilitan información, haremos el seguimiento
in situ”.
Para finalizar, el presidente negó que esto fuese algo personal, como muchos le achacan, sino que detrás suyo “está el Gobierno, el Parlamento, seis de los siete Cabildos, y, lo que es mas importante, el 75% de la población del archipiélago, pues afecta al modelo económico de las islas”.