La sostenibilidad del PSMC requiere mayor inversión económica, consenso institucional y cronograma preciso

La Consejería de Sanidad recientemente al presentar los presupuestos para la sanidad canaria para el año 2019 nos anunció que el mismo supera el umbral de los 3.000 millones, un incremento con respecto al año anterior de un 2,69%, es decir 77.320.405 millones más. A pesar de este tímido incremento lo cierto es que el presupuesto público de la Consejería de Sanidad, está lejos de corregir el decrecimiento del por término medio del 3.9% en cada año durante el periodo 2009-2013. Nos parece que la propia Consejería al negar la mayor somete al propio sistema sanitario a una arriesgada inestabilidad. Y si se analiza la distribución interna del presupuesto en los niveles asistenciales, comprobamos como la atención hospitalaria y especializada cuadriplica su dotación presupuestaria en relación a la atención primaria, y la salud pública apenas ha merecido atención por esta Consejería. En este contexto, el III Plan de Salud (2017-2018), pretendía quizás ingenuamente revertir este modelo, pero se ha diluido intencionalmente su visión y objetivo y se han liquidado sus elementos más innovadores como su apoyo a la participación, la cogestión y las políticas de salud pública en todas
las políticas.

Tres años de la IX legislatura han pasado y las demandas sanitarias en materia de salu d mental siguen sin resolverse. En este contexto aparece con un año de retraso, la propuesta en el mes de abril del 2018, a menos de un año de las elecciones autonómicas, un borrador del PLan de Salud Mental sin consultar ni debatir en los propios propios órganos de la Consejería y del SCS (Comisión Asesora Regional de Salud Mental, Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria) ni con un presupuesto asignado, y menos aún detallado. La ACN con el fin de garantizar la transparencia del PSMC, ha requerido desde entonces que las fuerzas políticas parlamentarias tomen una posición al respecto para el logro de un consenso y mejoras sustantívamente el Plan de Salud Mental.

Recientemente la Consejería de Sanidad, ante las presiones de algunos sectores, ha asignado un presupuesto para el Plan de Salud Mental de Canarias (PSMC,2018-2023) de 15,3 millones para todo el periodo, de los que, 4,2 millones de euros se distribuyen para recursos humanos y el resto para infraestructuras. La Administración Pública Canaria dedicará durante seis años. cada año 2 millones, a nuevas inversiones para salud mental. De estos 2 millones, el 80% irá dedicado a infraestructuras y menos del 20% se dedicará a contratación de personal. Según datos del PSMC el gasto en salud mental en el 2015 era algo más de 113.000 mil millones de euro.

Estas son las cifras que ha publicitado la Consejería pero la ACN exige a la Consejería que haga pública y que especifique qué infraestructuras estarán en marcha cada año y que dotación de las diferentes categorías de profesionales serán necesarias para hacer electivas sus medidas. Muchas son las deficiencias del sector en todos los niveles asistenciales pues aún ni tan siquiera la atención en salud mental está dotada suficientemente de profesionales a tiempo completo para las poblaciones de referencia,

Para la ACN la asignación presupuestaria al PSMC es a todas luces insuficiente y tiene toda la naturaleza de una improvisación al no facilitarse y detallar en que año se podrá en marcha las infraestructuras ni cuantos profesionales se van a contratar en cada uno de los años.

La ACN reclama que para que el PLAN DE SALUD MENTAL realmente se pueda realizar según lo que dice en el mismo hace falta una inversión para el periodo de tres veces más de lo asignado por la Consejería. Se exige unos 45 millones de euros, para corregir el déficit histórico con el sector, la fragmentacion insular y para permitir estar la salud mental en nuestra comunidad en unos niveles de financiación mínimo de acuerdos de los estándar internacionales que giran en torno al 5-10% del presupuesto sanitario público. La ONU estima que cada euro invertido en tratamientos para problemas mentales, supone un retorno de cuatro euros en mejoras de salud y capacidad de trabajo. La inversión en salud mental beneficia a las personas y a la economía.