Cuatro años de prisión y hasta 13 años de inhabilitación son solicitados por la Fiscalía para Mari Brito, alcaldesa y exalcaldesa de Candelaria, así como para José Gumersindo García Trujillo y José Juan Lemes, exalcaldes de Arafo. También se incluye en la petición a Carmen Luisa Castro Dorta, actual alcaldesa de Güímar. Todos ellos enfrentan acusaciones por un presunto delito medioambiental relacionado con los vertidos de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar.
El escrito indica que, una vez que se cedieron y transmitieron formalmente los bienes relacionados con la infraestructura a los tres Ayuntamientos involucrados, los acusados no habrían cumplido con su deber de establecer la entidad urbanística de Conservación (EUC) para su gestión y mantenimiento.
El Polígono Industrial ocupa una extensión de 1,8 millones de metros cuadrados y está delimitado al sur por el Área de Sensibilidad Ecológica de la Reserva Natural Especial. En este espacio, entre 200 y 220 empresas llevan a cabo sus actividades industriales. Algunas de estas empresas requieren una autorización ambiental específica debido a la naturaleza particular de los residuos que generan, como es el caso de las dedicadas a la industria láctea, cervecera y lavandería.
En este contexto, tampoco habrían asignado los regidores y exregidores acusados "de forma consciente y voluntaria" las partidas presupuestarias necesarias para cubrir los gastos de mantenimiento, conservación ni sostenimiento de las infraestructuras destinadas a la evacuación de aguas residuales del Polígono.
Así, enfatizan que no se contrató personal para el mantenimiento y la limpieza, "sin supervisar, analizar, ni controlar el vertido ni su impacto en el medio receptor, ni inspeccionar, mantener, subsanar o adaptar las instalaciones y los equipos existentes ni en el control, tratamiento y legalización del vertido".
El escrito de Fiscalía advierte que, debido a esa falta de acción, las instalaciones se encuentran en "un estado de absoluto abandono, permaneciendo las edificaciones existentes a la cabecera y las Estaciones de Bombeo sin cierre y desvalijadas, mientras que las bombas y equipos no funcionan, mostrando signos de rebose del caudal del vertido, lo que representa un peligro para la vida o salud de las personas".
Los cuatro acusados, a pesar de ser presuntamente conscientes de la existencia de un expediente en trámite en la Viceconsejería de Medio Ambiente relacionado con la Autorización de Vertido del Polígono, "no se personaron y dejaron conscientemente que el expediente finalizara y se archivara". Como resultado, no se logró obtener ninguna autorización, lo que prolongó la situación de ilegalidad del vertido.
El vertido combinado de aguas residuales industriales, que provienen de entre 200 y 300 empresas, junto con las aguas fecales de las urbanizaciones, resultó en una situación de "absoluta ilegalidad". De este modo, "no se efectuó ningún tipo de depuración, ni tratamiento" sobre estas aguas residuales continuas y conjuntas, las cuales "eran canalizadas hasta las instalaciones existentes y expulsadas por éste al mar tal cual eran generadas".