La ministra de Defensa sostiene que Inteligencia alertó el 29 de julio de la convocatoria para entrar masivamente en la ciudad, mientras Interior insiste en que no recibió ninguna advertencia que permitiera anticipar la crisis.
La gestión de la crisis de Ceuta ha abierto una evidente grieta en el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han ofrecido versiones contradictorias sobre una cuestión esencial para determinar las responsabilidades por lo ocurrido el pasado 30 de julio: si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó con antelación de que podía producirse una entrada masiva desde Marruecos.
Robles aseguró este martes durante su comparecencia en el Congreso que el CNI sí transmitió información el día anterior a la crisis. Según explicó, los servicios de Inteligencia habían detectado movimientos y convocatorias en redes sociales que alentaban a miles de personas a dirigirse hacia Ceuta y comunicaron verbalmente esa información a las autoridades competentes. La ministra defendió que la labor del CNI no se limita a la elaboración de informes escritos y sostuvo que la información fue compartida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Delegación del Gobierno.
Robles y Marlaska se contradicen al mismo tiempo en torno a si el CNI avisó sobre Ceuta pic.twitter.com/DywHUMhVGM
— EL MUNDO (@elmundoes) August 25, 2026
La versión de Robles choca frontalmente con la mantenida por Fernando Grande-Marlaska. El titular de Interior reiteró, después del Consejo de Ministros, que no existió ningún informe ni aviso previo del CNI que permitiera prever una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo. Según Marlaska, Interior no recibió una alerta de Inteligencia que anticipase el episodio y, de haberse producido una advertencia de esa naturaleza, habría sido trasladada a los niveles correspondientes.
La controversia se ha complicado todavía más después de que la propia Delegación del Gobierno en Ceuta haya negado haber recibido información que anticipase la crisis. En un comunicado difundido tras la comparecencia de Robles, la Delegación aseguró que no recibió "informe alguno" del CNI que advirtiera de la entrada masiva, introduciendo así una tercera versión que cuestiona directamente las explicaciones ofrecidas por la titular de Defensa.
Las discrepancias no se limitan a la existencia o no de avisos de Inteligencia. Robles adoptó durante su comparecencia un tono especialmente crítico con la respuesta inicial del Ejecutivo y reconoció errores en la gestión. La ministra pidió disculpas a los ciudadanos de Ceuta por la sensación de abandono sufrida durante aquellos días y admitió que el Gobierno reaccionó tarde ante una crisis que desbordó las capacidades inicialmente desplegadas.
La posición contrasta con la línea mantenida por Interior, que ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha insistido en que no existían elementos previos suficientes para anticipar una entrada de semejante magnitud.
La cuestión resulta especialmente relevante porque la crisis comenzó el 30 de julio con la llegada desde Marruecos de decenas de miles de personas. Aunque la gran mayoría regresó al país vecino durante las horas y días posteriores, varios miles permanecieron en territorio ceutí, entre ellos un elevado número de menores no acompañados, provocando una situación de enorme presión asistencial, policial y política.
Robles también defendió la actuación de los servicios de Inteligencia y destacó el trabajo desarrollado por los agentes del CNI desplazados a Ceuta. La ministra explicó que el organismo había detectado una convocatoria difundida a través de redes sociales y grupos con decenas de miles de seguidores que alentaban el desplazamiento hacia la frontera española.
El núcleo de la polémica queda, por tanto, reducido a una pregunta aparentemente sencilla pero políticamente trascendental: ¿avisó el CNI de que podía producirse una entrada masiva en Ceuta?
La respuesta de Defensa es afirmativa. La de Interior, negativa. Y la Delegación del Gobierno en Ceuta respalda, al menos respecto a la información que asegura haber recibido, la versión de Marlaska.
Robles ha tratado de matizar la aparente contradicción señalando que no necesariamente existió un informe escrito y que el trabajo de Inteligencia también consiste en comunicaciones verbales y transmisión de información operativa. Marlaska, sin embargo, mantiene que no hubo una advertencia que permitiera prever lo ocurrido.
La divergencia adquiere mayor trascendencia porque Interior es el departamento responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que el CNI está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa. De confirmarse que Inteligencia dispuso de información relevante y la trasladó antes del 30 de julio, la cuestión pasaría a ser por qué esa advertencia no provocó un refuerzo preventivo suficiente en la frontera. Si, por el contrario, Interior no recibió información que permitiera anticipar la magnitud de la entrada, quedaría por aclarar exactamente qué comunicó el CNI, a quién y con qué grado de precisión.
El Partido Popular ha aprovechado inmediatamente las contradicciones para elevar la presión sobre el Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de protagonizar una "guerra interna" precisamente cuando acaba de anunciar la creación de un mando único para afrontar la situación en Ceuta. El PP sostiene que las versiones incompatibles de Defensa e Interior evidencian una grave falta de coordinación durante las horas previas a la crisis.
El Ejecutivo ha declarado Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional y ha establecido una autoridad funcional única para coordinar la respuesta, responsabilidad que recaerá en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La medida permite centralizar la movilización y coordinación de los diferentes recursos públicos destinados a afrontar la emergencia.
El Consejo de Ministros también ha aprobado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados y ha anunciado actuaciones en materia de extranjería y asilo.
Pero las medidas adoptadas casi un mes después de la entrada masiva no han conseguido cerrar la controversia sobre las responsabilidades iniciales. Las comparecencias parlamentarias han abierto, por el contrario, un nuevo frente para el Ejecutivo: determinar qué sabía exactamente el Gobierno antes del 30 de julio, quién recibió la información disponible y por qué Defensa e Interior mantienen versiones diferentes sobre uno de los aspectos fundamentales de la mayor crisis vivida en Ceuta en los últimos años.