El Gobierno habilita 1.500 plazas temporales mientras el Ejército instala los primeros campamentos y se mantiene reforzada la vigilancia fronteriza.
La Ciudada Autónoma de Ceuta intenta recuperar la normalidad casi tres semanas después de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, de unas 70.000 personas. Alrededor de 5.000 personas permanecen todavía en la ciudad autónoma, según la última cifra facilitada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras el Gobierno ha anunciado la creación de 1.500 nuevas plazas de acogida temporal para aliviar una situación humanitaria que sigue provocando una fuerte presión sobre los servicios públicos y los recursos asistenciales.
La situación ha entrado además en una nueva fase después de que más de un centenar de migrantes instalados en la playa del Trampolín hayan iniciado una huelga de hambre para reclamar asilo en España y evitar su devolución a Marruecos. Los participantes aseguran que mantendrán la protesta hasta obtener una solución a su situación administrativa.
La playa del Trampolín es uno de los puntos donde se han formado asentamientos improvisados tras la crisis fronteriza. Muchos de quienes permanecen allí llevan más de dos semanas viviendo en condiciones precarias y a la espera de saber si podrán solicitar protección internacional, serán trasladados a otros recursos o deberán abandonar territorio español.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se desplazó este lunes a Ceuta y anunció la puesta en marcha de cuatro dispositivos extraordinarios de atención humanitaria con capacidad conjunta para 1.500 personas. Los espacios previstos son el aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano.
El Ejército de Tierra ha comenzado ya a trabajar en la instalación de los primeros campamentos. Uno de los dispositivos permitirá alojar a unas 1.050 personas solicitantes de asilo, entre ellas un importante grupo de ciudadanos sudaneses que se encuentra actualmente en situación de especial vulnerabilidad.
El Gobierno ha informado asimismo de que desde el 3 de agosto se están distribuyendo alrededor de 4.000 kits diarios de alimentación, además de productos de higiene, y que se han realizado más de 4.000 asistencias sociosanitarias.
Las nuevas 1.500 plazas, sin embargo, no permiten por sí solas absorber a todas las personas que todavía carecen de alojamiento estable. La estimación del Ejecutivo sitúa en aproximadamente 5.000 el número de migrantes que continúan en Ceuta.
Uno de los principales problemas continúa siendo determinar el número exacto y la situación de los menores que entraron durante la crisis de finales de julio. Las estimaciones difieren notablemente. Mientras el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha situado en alrededor de 1.300 los menores presentes en el territorio, organizaciones humanitarias manejan cifras superiores y advierten de que parte de ellos podría permanecer todavía fuera del sistema oficial de protección.
La crisis ha provocado además un fuerte enfrentamiento político entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí. Vivas ha acusado al Estado de falta de respuesta suficiente y llegó a plantear la posibilidad de acudir a los tribunales si no se adoptaban medidas para normalizar la situación. La visita de Saiz y el acuerdo para habilitar los cuatro nuevos espacios han rebajado parcialmente la tensión institucional, aunque siguen abiertas cuestiones fundamentales como el futuro administrativo de las personas que permanecen en Ceuta.
Mientras tanto, la presión inmediata sobre la frontera ha disminuido después del dispositivo desplegado el pasado fin de semana a ambos lados del paso fronterizo. Marruecos frustró el sábado un nuevo intento protagonizado por centenares de migrantes que se habían desplazado hacia Castillejos tras diferentes convocatorias difundidas a través de las redes sociales.
Las fuerzas marroquíes detuvieron a cerca de 300 personas, en su mayoría subsaharianas, y las trasladaron en autobuses hacia otras zonas del país. España había reforzado igualmente el dispositivo en Ceuta, donde permanecían desplegados más de 1.500 policías nacionales y guardias civiles.
La dimensión de la crisis también aparece reflejada en las últimas estadísticas del Ministerio del Interior. Hasta el 15 de agosto se contabilizan 5.013 entradas irregulares por vía terrestre en Ceuta, un 191,1 por ciento más que durante el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el propio balance advierte de que esa estadística no incorpora las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, que requieren un tratamiento específico por su carácter excepcional.
La situación sanitaria sigue igualmente bajo vigilancia. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido la existencia de una “crisis humanitaria”, aunque rechaza que el sistema sanitario ceutí esté colapsado. Servicios como Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria han soportado una presión especialmente elevada desde finales de julio.
La gestión de la crisis llegará la próxima semana al Congreso. Siete ministros han solicitado comparecer para explicar las actuaciones del Ejecutivo. Entre ellos figuran los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; Defensa, Margarita Robles; Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; Sanidad, Mónica García; Migraciones, Elma Saiz, y Juventud e Infancia, Sira Rego.
Ceuta afronta así una etapa diferente a la de las jornadas críticas de finales de julio: la frontera se encuentra actualmente bajo control y no se han repetido entradas de aquella magnitud, pero la emergencia se ha trasladado al interior de la ciudad, donde miles de personas continúan pendientes de alojamiento, identificación y de que se resuelva su situación administrativa.