El Parlamento aprobó una Proposición No de Ley (PNL) parablindar la continuidad de los centros, a la que se suman losacuerdos del Cabildo y los Ayuntamientos. Pese a ello, laconsejera mantiene su decisión unilateral.
Califican de atropello institucional la postura de la consejera, cuya obstinación personal dejará sin atención pública el próximo curso a los niños y familias más necesitadas de Zárate en Gran Canaria y Anaga en Tenerife.
La crisis de las escuelas infantiles públicas de gestión directa ha alcanzado un límite institucional insostenible. La negativa de la consejera a mantener abiertas instalacionesemblemáticas como la Escuela Infantil de Zárate en GranCanaria y la Escuela infantil de Anaga en Tenerife respondeya, de forma indiscutible, a un empeño estrictamente personal que desafía la voluntad democrática expresada por el Parlamento de Canarias.
Resulta de extrema gravedad que la consejera mantenga laorden de cierre para el próximo curso escolar a pesar de queel propio Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley (PNL) exigiendo expresamente la continuidad y protección de estas escuelas infantiles públicas. A este mandato soberano se han sumado los posicionamientos del Cabildo y de los ayuntamientos afectados, que han rechazado unánimemente el desmantelamiento de este servicio público.
"No estamos ante un problema técnico ni presupuestario, sino ante un empeño personal de la consejera que pasa por encima de las leyes, del Parlamento y del clamor institucional", denuncian rotundamente los portavoces de la protesta. "Desoyendo la PNL aprobada por la Cámara autonómica y bloqueando cualquier solución en materia de prevención de riesgos o personal, la consejera está asestando un golpe directo a la infancia más golpeada y con menos recursos de nuestras islas."
La decisión impuesta por la titular del departamentodesprotege deliberadamente a cientos de familias vulnerables que dependen en exclusiva de la red pública para la conciliación y el desarrollo de sus hijos de 0 a 3 años.Utilizar deficiencias subsanables como excusa para clausurar centros, en lugar de ejecutar los acuerdos parlamentarios para corregirlas, evidencia una absoluta falta de sensibilidad social y de respeto democrático.
Ante la inminencia del nuevo curso escolar, se exige de forma tajante la paralización inmediata del cierre y el cumplimiento estricto de la PNL aprobada por el Parlamento de Canarias, advirtiendo de que se agotarán todas las vías políticas, jurídicas y de movilización social para frenar este atropello.