El texto veta fumar y vapear en terrazas, playas, piscinas y marquesinas, y castiga el consumo de menores con multas a los padres desde 200 euros.
Fumar en una terraza de bar dejará de ser legal en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes 21 de julio en segunda vuelta el anteproyecto que reforma la Ley 28/2005 y lo remitió al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, con la intención de que salga adelante antes del final de la legislatura. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la norma en rueda de prensa con una cifra: el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año en España.
La reforma equipara los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina, las cachimbas y los dispositivos de tabaco calentado al cigarrillo de toda la vida. Mismas prohibiciones de consumo, misma publicidad vetada, mismo régimen sancionador.
La lista es larga y sale del propio anteproyecto: terrazas de bares y restaurantes, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo —salvo durante su uso exclusivamente personal— y recintos de espectáculos públicos, incluidos teatros, cines y conciertos al aire libre.
Se suman los campus universitarios, los andenes, pasillos y marquesinas del transporte urbano, y una franja de 15 metros alrededor de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios, educativos, culturales, museos, bibliotecas y parques infantiles.
Las multas irán de 200 a 600.000 euros. Los establecimientos tendrán dos meses para adaptar la señalización.
Dos ausencias notables. El texto remitido al Congreso deja fuera la prohibición de los vapeadores desechables de un solo uso y el empaquetado genérico, dos medidas que sí figuraban en la versión aprobada el 9 de septiembre de 2025 y que el Ministerio de Sanidad presentó entonces como novedad principal. Sanidad sostiene que las reintroducirá durante la tramitación, cuando se apruebe la regulación europea.
A cambio, incorpora algo que no estaba: la venta de cigarrillos electrónicos y productos relacionados queda restringida a tiendas especializadas, con requisitos que se fijarán por orden ministerial.
Hasta ahora la ley prohibía vender tabaco a un menor. El anteproyecto prohíbe además que lo consuma, y traslada la sanción a los progenitores: desde 200 euros por infracción leve, sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad.
El dato que sostiene la medida está en la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias de 2025: el consumo de cigarrillo electrónico entre jóvenes de 14 a 18 años pasó del 14,9 % en 2019 al 27,1 % en 2025. Casi el doble en seis años.
También se recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014.