El Cabildo de La Palma ha presentado al Parlamento de Canarias dos enmiendas cruciales para proteger las viviendas vacacionales afectadas por el volcán y defender la Ley de Islas Verdes. El presidente Sergio Rodríguez ha solicitado a todos los grupos parlamentarios priorizar los derechos de las familias damnificadas y el desarrollo económico insular en la votación programada. Las enmiendas buscan garantizar que las familias puedan reconstruir sus propiedades y mantener su uso turístico, así como proteger el marco legal especial de las islas frente a nuevas regulaciones que podrían perjudicar su economía local. Rodríguez destaca la importancia de estas medidas para asegurar el futuro socioeconómico de La Palma.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha enviado un escrito formal a todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, en el que solicita priorizar los derechos de las familias afectadas por el volcán y el modelo económico de la isla, en lugar de dejarse llevar por la "guerra política". Esta comunicación se produce a pocos días de la votación sobre la modificación de la Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, programada para este miércoles.
Con el objetivo de proteger los intereses de los afectados por la erupción, el Cabildo ha intensificado su labor técnica y política con las distintas formaciones representadas en la Cámara autonómica. Se han presentado formalmente enmiendas que buscan evitar que la nueva normativa perjudique los derechos de quienes perdieron sus propiedades debido a la lava del Tajogaite y que limite el desarrollo socioeconómico de la isla.
Rodríguez subraya que hay cuestiones esenciales que deben quedar fuera del debate ideológico o partidista. Una de ellas es garantizar los derechos preexistentes de las familias que vieron destruidas sus propiedades turísticas. La primera enmienda presentada exige una protección explícita para estas familias, no solo para reconstruir físicamente sus viviendas, sino también para mantener su uso vacacional previo, siempre que estuvieran registradas oficialmente en el Gobierno de Canarias.
La legislación actual establece un requisito de antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística. El Cabildo argumenta que esta condición limita el derecho pleno a reconstruir y explotar nuevamente las viviendas sin sufrir perjuicios por este filtro temporal. Esta solicitud está respaldada tanto por el espíritu como por la letra de la Ley del Volcán y los decretos emitidos por el Gobierno canario para facilitar la recuperación.
La segunda enmienda propuesta busca proteger la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley de Islas Verdes. Este marco legal especial tiene supremacía sobre cualquier planificación general y no debe verse afectado por las nuevas regulaciones vacacionales.
Sergio Rodríguez enfatiza que el modelo establecido por la Ley de Islas Verdes es efectivo en territorios donde no operan grandes cadenas hoteleras ni explotaciones masivas. “Este sistema permite que las viviendas vacacionales contribuyan directamente a las economías familiares, ayudando a fijar población, recuperar tierras agrícolas y generar un turismo respetuoso”, destaca el presidente palmero.
Además, Rodríguez menciona que La Palma está trabajando en su Instrumento de Planificación Singular Turístico para aumentar su capacidad alojativa tradicional. Sin embargo, resalta que la realidad actual exige aprovechar todas las herramientas disponibles para estimular la economía local durante este proceso de reconstrucción.
Por todo lo anterior, el presidente del Cabildo hace un llamado a todos los grupos políticos parlamentarios para lograr un respaldo unánime a estas enmiendas cruciales durante la votación del miércoles, con miras al futuro insular.