Vigilantes con la entente PP-Vox

Los hechos evidencian que lo que en principio parecía un coqueteo vergonzante entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal, se confirma como una pareja de hecho que comparte más principios y objetivos que los que les separan.

Desde el largo y desconfiado flirteo mantenido inicialmente en Extremadura por los líderes de ambas formaciones, María Guardiola y Óscar Fernández, se ha pasado al firme “sí quiero” de Moreno Bonilla a Manuel Gavira en Andalucía. En medio, la comunión de intereses tampoco halló demasiada resistencia ni en Aragón ni en Castilla y León.

Estos acuerdos entre los populares y la ultraderecha se entroncan en la corriente ultraconservadora que invade Europa, bien para formar parte de gobiernos o para apuntalar mayorías conservadoras, que influyen de forma determinante en el desarrollo de sus políticas. Los ejemplos son numerosos: Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Letonia, Finlandia, Italia, Austria, Polonia, Países Bajos, Suecia o Dinamarca, sin olvidar su peso creciente en Alemania, Francia y Reino Unido.

Con este mapa político en el continente europeo, resulta improbable que el Partido Socialista vuelva a colocar en el eje central de su campaña para las próximas elecciones la apelación al miedo por la llegada de la ultraderecha. La ultraderecha ya está aquí.

Recuérdese que el mensaje central del PSOE en la previa de los comicios de 2023 giró en torno a la disyuntiva entre “seguir avanzando” con un Gobierno socialista o “retroceder” con el que pudiera sustentarse sobre un acuerdo del PP con la ultraderecha.

Varios fueron los mensajes esgrimidos entonces por los socialistas: por ejemplo, que un gobierno del PP y Vox supondría un retroceso en derechos y libertades, especialmente en materias como igualdad, derechos LGTB, memoria democrática o políticas climáticas. O que los pactos entre ambas fuerzas, tras las autonómicas y locales de mayo de 2023, serían el anticipo de lo que ocurriría en el ámbito estatal. O que Núñez Feijóo acabaría gobernando con el apoyo de Abascal, si se daban los números. O que el voto al PSOE era la forma de impedir la entrada de Vox en el Gobierno central.

En definitiva, los socialistas vaticinaban “avance y progreso” con ellos o “retroceso y pérdida de derechos” con una alianza entre el PP y la ultraderecha. Pero, tres años después, el costo de los pactos con Vox parece estar amortizado. Los acuerdos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía favorecen hipotéticos acuerdos a nivel estatal, si se diera el caso, después de las próximas generales.

En esta batalla sin cuartel que libran las fuerzas del espacio ideológico de la derecha y la ultraderecha con las de la izquierda, la extrema izquierda y los independentistas, Canarias no cuenta. Ni para unos ni para otros.

Muchos son los ejemplos de los discursos grandilocuentes, miedosos y catastróficos empleados por los partidos políticos cuando ven amenazada su hegemonía. Pero la realidad es que la alternancia en el poder se ha producido sin rupturas significativas.

Ocurrió así desde la debacle de la UCD y la llegada del PSOE, en 1982, lo mismo que con la salida de los socialistas, después de trece años de gobierno, y la llegada al poder del Partido Popular, en 1996. Pero también, más recientemente, con la salida del PSA del Palacio de San Telmo, después de 36 años, y la arribada del PP de Moreno Bonilla, con el apoyo de Vox y Ciudadanos. En ninguno de los casos llegaron a desandarse los avances conquistados por los gobiernos de otro signo que les precedieron.

Por todo ello, el nacionalismo canario tendrá que estar muy atento a los acuerdos que se alcancen a nivel estatal. Si Vox respeta nuestro Estatuto, el conjunto de singularidades que se nos reconoce y la política migratoria pactada en el Archipiélago, facilitará la continuidad del actual pacto de gobierno en las Islas. Pero si, por el contrario, los de Abascal imponen al PP sus planteamientos para recentralizar el Estado e imponer sus tesis en materia migratoria, el nacionalismo canario tendrá que elegir entre el poder o la defensa de la autonomía de las Islas.