Las circunstancias de Ortega tienen algo de unipersonal, con el yo soy yo por delante. Cada cual tiene la suya en una sociedad de responsabilidades individuales. En esto la justicia entiende cómo hacer el reparto de culpas para recibir el castigo y procura no condenar a colectividades sino a las personas que las representan. El problema es cuando la circunstancia de un solo individuo se traslada al grupo y pasa a ser un componente añadido de la personalidad y de las convicciones colectivas.
Hoy, por ejemplo, leo el artículo de Jordi Juan, el director de La Vanguardia, donde habla del acoso que sufre el Gobierno por parte de la justicia, situándolo en esa épica acoso-resistencia, casi newtoniana, con que se ha bautizado la época que estamos viviendo, donde lo numantino ha pasado a tener un valor casi heroico. Nunca hasta ahora se había calificado a la actuación de los tribunales como una calculada operación de asedio. Como una conspiración urdida desde unas cloacas sociales que pretenden desentrañar las actuaciones de otras cloacas internas. Con esto se consigue neutralizar aquello donde la contundencia es sustituida por el desmentido. Es entonces cuando la justicia pasa a ser acosadora y se pone en pie ese ejercicio de resistencia que constituye el manual ideológico de una manera de gobernar. Mi circunstancia pasa a ser la circunstancia de todos, asumiendo una responsabilidad compartida en asuntos sobrevenidos de los que no me siento responsable.
Hacerme copartícipe de las circunstancias de otros es un atentado a mi libertad, en las puertas de un mundo orweliano. Una justicia que acosa en lugar de aplicar la ley limpiamente y con la imparcialidad profesional de los que están investidos de la autoridad para hacerlo, es el síntoma de una sociedad enferma, que ha cambiado los ideales heroicos por las convicciones de la lógica y la razón. La polarización tiende a acusar a los contrarios de ser los responsables del hundimiento del sistema. Lo dicen desde todos los ámbitos y todos creen tener razón. Ahora les toca a unos cerrarse atrás, como la defensa de Cabo Verde, y en otros casos son los otros los que se justifican ante los ataques. Esto podría considerarse normal en un sistema en el que el gobernante debe aceptar someterse al control de quienes no lo hacen, pero meter en el mismo saco a los mecanismos garantes de que las cosas funcionen adecuadamente no es nada recomendable.
Ni el juez Calama ni el juez Pedraz son sospechosos de practicar acoso ni de ser tendentes a la parcialidad. Entonces las palabras de Jordi Juan están de más. Admito que los leales no puedan negarse a alimentar las teorías de la conspiración, pero la prensa, al igual que la justicia, debe ser garante de la mínima limpieza democrática. Convertirse en el acusador de uno de los pilares independientes del Estado no es de recibo. Pasa entonces a ser un factor desequilibrante, y esto no es admisible. No señor Jordi Juan, ni consejo de redacción de La Vanguardia, el poder judicial no acosa al Gobierno, son ustedes los colaboradores para que el estado de derecho no funcione.