"Proteger a los pasajeros es proteger la conectividad de las islas", subraya el eurodiputado tras el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo.
El eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato, destaca la relevancia del acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo para reforzar y actualizar los derechos de los pasajeros aéreos en la Unión Europea, una reforma que considera “especialmente importante” para Canarias debido a su dependencia del transporte aéreo.
"Para Canarias, donde el avión no es una opción sino una necesidad, cualquier avance en la protección de los pasajeros tiene una repercusión directa sobre la calidad de vida de nuestros ciudadanos", señaló el eurodiputado.
Gabriel Mato destacó que el acuerdo mantiene el derecho de los pasajeros a recibir compensaciones por retrasos superiores a tres horas, agiliza los procedimientos de reclamación y reembolso, mejora la transparencia de las tarifas y refuerza la protección de los colectivos más vulnerables, como las familias con menores y las personas con movilidad reducida.
Insistió en que "proteger a los pasajeros es también proteger la conectividad de Canarias". "Los canarios dependemos del transporte aéreo para estudiar, trabajar, acceder a servicios sanitarios, hacer negocios o mantener relaciones familiares con el resto de España y Europa. Por eso, garantizar los derechos de quienes viajan es también garantizar que nuestra conectividad siga siendo fiable, accesible y de calidad", afirmó.
El eurodiputado recordó que miles de canarios utilizan cada día el transporte aéreo para desplazarse entre islas y con el exterior, por lo que contar con normas claras y mecanismos eficaces de protección resulta especialmente importante en un territorio alejado del continente.
"Estas nuevas normas aportan más certidumbre a los viajeros y establecen reglas más claras para las compañías aéreas. Garantizar que los pasajeros reciban información adecuada, que puedan reclamar con mayor facilidad o que mantengan sus derechos ante retrasos y cancelaciones es especialmente importante en regiones ultraperiféricas como Canarias, donde la conectividad constituye un elemento esencial para la cohesión social y el desarrollo económico", afirmó.
Confirmó que "Europa demuestra una vez más que puede ofrecer soluciones concretas a los problemas cotidianos de las personas” y añadió que, en el caso de Canarias, proteger a los pasajeros significa también proteger nuestra conexión con Europa y con el resto del territorio nacional”. Por eso, este acuerdo supone “una buena noticia para los ciudadanos”, para las familias y para la movilidad de nuestras islas.
También destacó la obligación de que las compañías aéreas informen de forma clara sobre los precios y las condiciones relativas al equipaje de mano, así como la garantía de que los menores de 14 años puedan viajar junto a sus acompañantes sin costes adicionales.
El eurodiputado consideró que la actualización de esta normativa, que no había sido revisada desde hace más de veinte años, supone un paso adelante para adaptar la legislación europea a la realidad actual del transporte aéreo y a las necesidades de los ciudadanos.
El acuerdo deberá ser ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor. El plazo estimado hasta su aprobación definitiva es de seis semanas, con la posibilidad de prorrogar este plazo otras dos. Ambas instituciones votarán ahora por separado el texto conjunto tras su revisión. El Parlamento Europeo tiene previsto votar el acuerdo durante su sesión plenaria de julio.
Los derechos de los pasajeros
El nuevo acuerdo refuerza los derechos de los pasajeros aéreos, garantizando el reembolso del billete o una alternativa de viaje, junto con una compensación económica de 250, 400 o 600 euros, en función de la distancia, ante retrasos superiores a tres horas, cancelaciones con menos de 14 días de aviso o denegación de embarque.
El procedimiento para reclamar se simplifica al exigir a las aerolíneas que faciliten instrucciones electrónicas claras en los cuatro días posteriores al viaje. Los pasajeros disponen de un plazo de nueve meses para realizar la solicitud, y las compañías tienen 30 días para responder o abonar el importe.
En cuanto a la protección de los grupos más vulnerables, se asegura que familias con menores de 14 años, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida puedan sentarse juntas sin costes adicionales, además de proteger su derecho a asistencia y transporte alternativo si pierden un vuelo por falta de apoyo del personal.
La normativa también aumenta la transparencia y elimina cargos abusivos. Los pasajeros tienen derecho a llevar un artículo personal gratuito, y se prohíbe el cobro por corregir errores ortográficos en el nombre o por imprimir la tarjeta de embarque. Asimismo, se obliga a las aerolíneas a mostrar desde el inicio de la reserva el precio final del billete, incluyendo el equipaje de mano, garantizando al mismo tiempo el acceso a tarjetas de embarque digitales sin barreras técnicas.