La Diputada del Común, Lola Padrón, destaca en el Parlamento la necesidad de analizar nuevas fórmulas legales para optimizar los plazos de respuesta de la Administración.
La Diputada del Común, Lola Padrón, ha planteado ante el Parlamento de Canarias la oportunidad de abrir un debate constructivo que permita revisar y reforzar el marco normativo actual con el objetivo de agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas y ofrecer respuestas más rápidas a la ciudadanía.
Durante la presentación de la Memoria Anual correspondiente a 2025, Padrón señaló que el área de Política Territorial y Vivienda sigue registrando un número significativo de quejas relacionadas con la demora injustificada en la tramitación de licencias urbanísticas. Según explicó, esta situación afecta tanto a la promoción de vivienda pública como a la privada, en un momento en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía canaria.
La Diputada del Común advirtió de que una parte importante de estas reclamaciones tiene su origen en la inactividad administrativa y en el incumplimiento de los plazos de resolución por parte de las distintas administraciones implicadas. En algunos casos, los expedientes permanecen paralizados durante años, generando incertidumbre y dificultando la puesta en marcha de proyectos de vivienda que cumplen con la normativa vigente.
Evaluar herramientas para mejorar resultados
En su intervención, Lola Padrón reconoció los esfuerzos realizados para agilizar los procedimientos urbanísticos, entre ellos el Decreto-Ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso a la construcción. No obstante, señaló que, a la vista de las reclamaciones que continúan llegando a la Diputación del Común, las medidas adoptadas hasta ahora no han alcanzado todavía los resultados esperados en términos de reducción de los retrasos administrativos.
Por ello, considera necesario analizar nuevas respuestas normativas que permitan afrontar las consecuencias de la inactividad administrativa y reforzar las garantías de la ciudadanía cuando las administraciones incumplen los plazos legalmente establecidos para resolver.
En este contexto, la Diputada del Común plantea estudiar posibles modificaciones de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, explorando, entre otras cuestiones, los supuestos en los que pueda desplegarse el silencio administrativo favorable, dentro de los límites establecidos por la legislación básica estatal y siempre con pleno respeto a la legalidad urbanística.
“No se pretende construir donde no se puede, ni reducir en absoluto las garantías de protección del territorio o de los espacios naturales protegidos”, subrayó Lola Padrón. “El objetivo es evitar que expedientes que cumplen rigurosamente con la ordenación territorial y urbanística permanezcan bloqueados indefinidamente como consecuencia de retrasos administrativos”.
Máximo respeto a la autonomía municipal
La Diputada del Común considera que cualquier posible actualización normativa debe abordarse desde el diálogo institucional, escuchando a los ayuntamientos a través delConsejo Municipal de Canarias y respetando plenamente la autonomía municipal.
Asimismo, recordó que las demoras no suelen depender de una única administración. En numerosos casos, la resolución de las licencias queda condicionada por informes sectoriales o procedimientos de evaluación ambiental que corresponden a otras administraciones públicas y cuya emisión puede prolongarse durante meses o incluso años.
Por ello, Padrón insiste en la necesidad de reforzar los medios personales y materiales, mejorar la coordinación entre administraciones y analizar mecanismos que permitan reforzar las consecuencias jurídicas derivadas de la falta de resolución expresa dentro de plazo.
“La ciudadanía tiene derecho a obtener respuestas en los plazos legales. La tramitación administrativa debe ser un mecanismo de garantía y seguridad jurídica, no un obstáculo añadido para el desarrollo de proyectos que cumplen con la legalidad”, afirmó.
Para Lola Padrón, la emergencia habitacional exige impulsar tanto la construcción de vivienda pública como el desarrollo de vivienda privada en los suelos aptos para ello, evitando que la burocracia y los retrasos administrativos sigan frenando proyectos necesarios para aumentar la oferta de vivienda en Canarias.