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Ahora sí, con la llegada del verano, podemos afirmar que entramos en la recta final de la presente legislatura. Tanto a nivel local y autonómico, como en el ámbito estatal, prácticamente solo queda rendir cuentas de lo hecho y convencer a los ciudadanos de que merecemos la renovación de la confianza que nos otorgaron.
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El almanaque para las elecciones a ayuntamientos, autonomías de régimen común, cabildos y demás entes locales fija para el último día de mayo de 2027 el examen de lo llevado a cabo y, en su caso, la reválida correspondiente.
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Aunque, de acuerdo con la Constitución, para las generales esa cita con las urnas se puede demorar más, hasta junio de 2027, la turbulenta situación que vive la política estatal hace que cualquier cosa sea posible. Lo que a nivel general suceda hasta entonces dependerá básicamente de tres actores: Pedro Sánchez, el binomio PNV-Junts o la Justicia.
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La Constitución de 1978 reserva al presidente del gobierno la facultad de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Sánchez ha manifestado hasta la saciedad que agotará la legislatura. Necesita ganar tiempo. La situación de la economía y los buenos datos del paro, unidos a la buena imagen que se ha labrado en sectores de la izquierda a nivel internacional, le animan a darle continuidad a su gobierno.
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Se acaban de cumplir ocho años de la moción de censura que le costó la presidencia a Mariano Rajoy. En aquel momento, España había superado la durísima crisis que lastró la economía del mundo occidental entre 2008 y 2014. Con las finanzas y el empleo en franca recuperación, fue la corrupción en el seno del Partido Popular lo que sirvió para sumar una mayoría en el Congreso y poner fin al Gobierno de Rajoy.
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El cuadro que hoy refleja la actualidad político-mediática española se parece mucho al de mediados de 2018. El buen funcionamiento de la economía, que favorece las oportunidades laborales, se contrapone con el clima irrespirable de corruptelas que envuelve en esta ocasión al Partido Socialista.
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El “caso Gürtel” y la financiación ilegal del PP sirvió entonces de argumento para que Unidos Podemos, ERC, Junts, PNV, Compromís, EH Bildu y NC se juntaran alrededor del PSOE. Todo ello se materializó en una mayoría absoluta de 180 diputados, que respaldaron la censura a Rajoy.
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Hoy, dada la notoriedad de los militantes socialistas señalados por la justicia, la crispación político-mediática se parece mucho a la que justificó la censura de 2018. Eso sí, con una diferencia importante: la censura a Rajoy se apoyó en una sentencia firme de financiación ilegal del PP, mientras que los casos que acosan al PSOE aún están en fase de investigación.
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Hasta ahora, la capacidad mostrada por Sánchez para hacerse con el apoyo de fuerzas tan dispares ideológicamente como las que forman el conglomerado entre Sumar y Junts o el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, a las que se unen ERC y Compromís, supera con creces la incapacidad de Núñez Feijóo para sumar a Junts y PNV, ubicados ideológicamente en el ala conservadora.
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Con todo, si no termina de surgir una acusación verosímil de financiación ilegal del partido de Sánchez, cada día se aleja más un adelanto electoral. Junts y PNV se muestran más cómodos con el líder socialista que lo que sería un hipotético gobierno de Feijóo y Abascal. Si hay que asumirlo, mejor cuanto más tarde. Solo la percepción del desafecto que empiezan a mostrar los votantes de los partidos que sostienen a Sánchez podría forzarlos a dejarle caer.
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Afortunadamente, el clima hostil y pletórico de malas formas que envuelve la política española tiene en Canarias una versión más “light”. La política en las Islas transcurre con mayor sosiego, lo que debe ser aprovechado por los partidos de obediencia canaria para hacer valer la sentencia con la que Braulio culminó el canto de nuestro himno, el pasado 30 de mayo: ¡Viva Canarias unida!
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