La UCO sostiene que el grupo investigado habría actuado para proteger los intereses de dirigentes socialistas mediante ofrecimientos económicos, presiones y contactos con testigos, policías y otros actores vinculados a procedimientos judiciales.
El sumario del denominado caso Leire ha comenzado a revelar el alcance de una investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera una de las operaciones más delicadas de los últimos años por su presunta conexión con procedimientos judiciales que afectaban directa o indirectamente a cargos del PSOE y del Gobierno.
Según el atestado remitido al Tribunal Central de Instancia número 5 de la Audiencia Nacional, los investigadores sostienen que desde 2024 habría operado una estructura cuyo objetivo era "la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que, directa o indirectamente, presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno".
La Guardia Civil atribuye un papel relevante en esa supuesta operativa a la exmilitante socialista Leire Díez, junto a Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo, Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y otros colaboradores. Según la UCO, la actividad investigada habría consistido en "promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros a cambio de información sensible u otras acciones enfocadas en el directo entorpecimiento de los procedimientos penales".
Uno de los testimonios más relevantes incorporados al sumario es el de María del Carmen Pano, investigada en la causa de los hidrocarburos y conocida por haber declarado que entregó dinero en efectivo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz. La testigo ratifica ante la UCO que mantuvo varias reuniones con representantes de un despacho de abogados que actuaban, según su versión, en nombre de "gente del partido".
Pano asegura que durante esos encuentros se le trasladó que el objetivo era "salvar el culo a Ábalos y a Koldo" y que se le pidió modificar su versión sobre las supuestas entregas de efectivo en Ferraz.
Según su declaración, se le habría propuesto sustituir el relato de la entrega de dinero por una supuesta entrega de documentación y desplazar las responsabilidades hacia el empresario Víctor de Aldama.
La testigo afirma además que, cuando se le preguntó qué exigiría a cambio de colaborar, reclamó 25.000 euros para sufragar la boda de su hija y el pago del alquiler de su vivienda, mientras que otro de los asistentes solicitó 15.000 euros para adquirir un vehículo. Posteriormente, según su relato, un interlocutor telefónico habría aceptado dichas condiciones.
La investigación dio lugar los días 27 y 28 de mayo a diversas entradas y registros autorizados judicialmente. El atestado recoge actuaciones sobre varios investigados y la intervención de abundante material informático y documental.
Paralelamente, la UCO tomó declaración a 16 testigos, entre ellos empresarios, abogados y agentes de la Guardia Civil.
Asimismo, fueron formalmente informados de su condición de investigados Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, Jacobo Teijelo, Ismael Oliver, Leticia de la Hoz y varios colaboradores vinculados al aparato logístico y administrativo de la supuesta trama.
La principal conclusión que extrae la UCO es que la actividad investigada habría contado con cobertura logística y económica vinculada al PSOE. Los investigadores sostienen que Santos Cerdán habría facilitado infraestructuras y recursos para el desarrollo de las actuaciones y que distintas personas del entorno socialista habrían gestionado desplazamientos, gastos y necesidades operativas del grupo.
La instrucción continúa abierta y el juez Santiago Pedraz ha comenzado a levantar parcialmente el secreto de sumario, permitiendo conocer algunos de los documentos que sustentan una investigación que amenaza con convertirse en una de las mayores crisis políticas y judiciales para el PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.