La intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, situada en la madrileña calle Ferraz, ha colocado al partido de Pedro Sánchez ante una de las mayores crisis judiciales de su historia reciente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino este martes en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, dentro de una investigación explosiva que apunta a la existencia de una presunta estructura organizada para interferir en procedimientos judiciales, desacreditar investigaciones y captar información reservada mediante pagos y ofrecimientos económicos.
El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, sostiene en el auto que la organización investigada actuaba “con la finalidad de obstaculizar o perjudicar” causas judiciales y policiales que afectaban “directa o indirectamente a los intereses del PSOE o del Gobierno”.
La resolución judicial sitúa bajo sospecha a destacados dirigentes y colaboradores socialistas, entre ellos el exsecretario de Organización Santos Cerdán,(actualmente en libertad provisional tras permanecer cinco meses en prisión preventiva), la exmilitante socialista Leire Díez (detenida en diciembre de 2025 por irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI), el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y el expolítico socialista y empresario Gaspar Zarrías Arévalo.
El auto describe una auténtica “unidad de acción y dirección” destinada a “neutralizar” investigaciones sensibles. Según distintas informaciones periodísticas basadas en la resolución judicial, el PSOE habría sufragado parte de las actividades de la denominada “trama Leire” mediante pagos directos o canalizados a través de sociedades interpuestas.
Entre los datos más graves figura el supuesto pago de 27.000 euros a Leire Díez y más de 170.000 euros al conjunto de la estructura investigada. El juez también sospecha que se realizaron pagos mensuales de 4.000 euros a Díez a través de sociedades vinculadas al entorno de Gaspar Zarrías.
La investigación incorpora además presuntos intentos de soborno a fiscales, jueces y mandos policiales. El juez aprecia indicios de que la trama habría llegado a ofrecer hasta 300.000 euros al fiscal José Grinda para obtener información comprometida contra el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón.
Pedraz autorizó a la UCO a acceder a correos electrónicos, dispositivos móviles, registros de visitas y documentación económica del PSOE. La operación incluyó también registros en domicilios de Santos Cerdán y Javier Pérez Dolset.
El PSOE sostiene que está colaborando con la Justicia, mientras el caso amenaza con provocar un terremoto político y judicial de enormes dimensiones, ya que la investigación judicial revela justamente lo contrario a lo que esgrime el PSOE.