La Audiencia Nacional ha acordado exonerar al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de 95 años de edad, en el juicio que se celebra en Madrid.
El fallo supone, en la práctica, el archivo de las actuaciones contra quien fuera líder histórico de Convergència Democràtica de Catalunya durante más de dos décadas, al no haberse acreditado de forma concluyente la comisión de delito en los hechos investigados.
La causa tenía su origen en la confesión pública realizada por el propio Pujol en julio de 2014, cuando admitió haber mantenido durante años fondos sin regularizar en el extranjero, atribuyéndolos a una supuesta herencia familiar oculta en Andorra. A partir de ese momento, la investigación judicial, impulsada desde la Audiencia Nacional, trató de esclarecer el origen de esos fondos y determinar si procedían de actividades ilícitas vinculadas a su etapa al frente del Govern.
Durante más de una década, el procedimiento ha acumulado informes policiales, comisiones rogatorias internacionales y declaraciones de distintos miembros de la familia Pujol. Sin embargo, la resolución judicial concluye que no se ha podido establecer con la solidez exigible en derecho penal una relación directa entre el patrimonio investigado y posibles delitos de corrupción, lo que ha llevado a acordar la exoneración del expresidente en esta pieza concreta.
El auto subraya, según fuentes jurídicas, que la carga probatoria no ha permitido sostener una acusación firme, especialmente en lo relativo al origen ilícito de los fondos. Este aspecto ha sido clave, dado que la defensa de Pujol ha mantenido de forma constante que el dinero procedía de una herencia familiar no declarada en su momento por motivos personales, pero no vinculada a actividad delictiva.
No obstante, la decisión no implica el cierre total del denominado “caso Pujol”, que ha afectado también a varios de sus hijos, algunos de los cuales continúan siendo investigados por presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y organización criminal. De hecho, la instrucción ha diferenciado desde el inicio entre la figura del expresidente y las actividades empresariales de su entorno familiar.
La exoneración de Jordi Pujol tiene una evidente dimensión política y simbólica. Durante años, su figura quedó profundamente erosionada tras la confesión de 2014, que supuso el final abrupto de una trayectoria política marcada por su papel central en la construcción del autogobierno catalán. Este pronunciamiento judicial reabre el debate sobre el alcance real de las responsabilidades políticas y penales en uno de los episodios más controvertidos de la política catalana reciente.
A falta de conocer si las acusaciones recurrirán la decisión, el auto refuerza la tesis de la defensa y supone un alivio jurídico para el expresidente, aunque no disipa completamente las sombras que han rodeado su legado en los últimos años.