Desde hace más de una década vienen denunciando lo que consideran una “infraestructura innecesaria y destinada a fomentar la especulación urbanística”.
La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha valorado positivamente la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que confirma la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Circuito del Motor de Tenerife.
El fallo, emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, desestima el recurso de apelación presentado por el Cabildo de Tenerife en relación con uno de los cuatro proyectos en los que se divide esta infraestructura, prevista para ocupar 650.000 metros cuadrados en el municipio de Granadilla y con una inversión inicial de 51 millones de euros de fondos públicos. La sentencia da la razón a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y ratifica la nulidad del proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables del circuito. Según recoge el fallo, las obras no se ejecutaron de forma real ni efectiva dentro de los plazos legales establecidos.
La DIA, aprobada en 2011, establecía que caducaría si los trabajos no se iniciaban en un plazo de cinco años. Aunque el Cabildo defendió que las obras comenzaron el 23 de agosto de 2016, la resolución judicial concluye que, pese a que el acta de replanteo indicaba el inicio inmediato, dichas actuaciones nunca llegaron a materializarse.
En este sentido, la sentencia subraya que no resulta admisible mantener vigente una evaluación ambiental durante más de una década basándose en actuaciones puntuales, destacando la necesidad de una nueva declaración adaptada a las actuales exigencias medioambientales.
Este procedimiento es uno de los cuatro actualmente en tramitación en el TSJC relacionados con el Circuito del Motor. Los restantes recursos pendientes afectan al acceso norte del complejo, a su adaptación al plan de defensas contra avenidas y a la pista de velocidad del parque internacional del motor.
Desde Sí se puede recuerdan que ya denunciaron este proyecto durante su etapa de representación en el Cabildo de Tenerife (2015-2023), calificándolo como un “despilfarro de dinero público” y un ejemplo de un modelo urbanístico compartido por los principales partidos de la isla —PSOE, CC y PP—, pese al rechazo social manifestado en diversas movilizaciones ciudadanas.
La formación ecosocialista insiste en que se trata de un proyecto “irregular”, que no respeta la legislación vigente, especialmente en materia ambiental, y que supone un gasto económico insostenible. Además, cuestiona la existencia de inversores privados, señalando que la financiación procede fundamentalmente de fondos públicos, con más de seis millones de euros ya invertidos. Asimismo, advierten del impacto negativo que tendría esta infraestructura sobre un suelo agrícola de alto valor, así como de las molestias y contaminación que generaría para la población cercana.
Sí se puede reafirma su apuesta por un modelo de desarrollo equilibrado y respetuoso con los valores naturales, sociales y culturales del territorio. En este sentido, consideran que el circuito responde a un modelo “caduco” y a una política de hechos consumados que limita alternativas de uso para un espacio estratégico.
Finalmente, la organización destaca el papel de ATAN en este proceso judicial, subrayando que la sentencia refuerza las críticas históricas al proyecto y evidencia el uso ineficiente de recursos públicos en iniciativas sin viabilidad técnica ni ambiental.