El inicio del juicio contra el exministro socialista y exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, arranca este martes en el Tribunal Supremo. Se trata básicamente de dirimir responsabilidades penales, pero también servirá para descubrir cómo se pudieron producir presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.
En este contexto, la decisión de permitir que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, declare por escrito introduce un elemento perturbador. Amparada en un privilegio legal, su comparecencia queda blindada frente a la repregunta de las partes, un instrumento esencial para garantizar el principio de contradicción y profundizar en los hechos. No es una cuestión menor, pues es evidente que, como ya han apuntado algunas defensas, la ausencia de contradicción limita de forma sustancial la capacidad del tribunal para alcanzar la verdad material.
Resulta difícil justificar que, ante un caso de tal gravedad —con fondos públicos comprometidos y decisiones políticas bajo sospecha—, se opte por una fórmula que reduce el alcance del interrogatorio. La justicia no solo debe ser garantista, sino también eficaz en la depuración de responsabilidades. Y eso exige, en determinados casos, someter a todos los testigos relevantes al mismo escrutinio.
La justicia no solo debe ser garantista, sino también eficaz en la depuración de responsabilidades
La decisión afecta también al esclarecimiento del papel de otros responsables políticos, como el actual ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias. Sin la posibilidad de repreguntar, quedan zonas de sombra que difícilmente podrán disiparse.
Atrás queda la encendida discusión de la reclamación por parte del Govern del dinero abonado a Soluciones de Gestión, más de 3,1 millones de euros, pues en el ámbito penal será el tribunal sentenciador quien determine las responsabilidades de cada cual y las indemnizaciones a las que deban hacer frente los imputados para restañar el perjuicio ocasionado.