En la política española, hace mucho tiempo que no cuenta ni la justicia ni la solidaridad ni la equidad. Lo único que vale es el número de parlamentarios que tengamos en el Congreso de los Diputados y la posición estratégica de cada uno de ellos a la hora de decidir mayorías de gobierno. Todo lo demás son monsergas y ruido.
La súbita empatía surgida entre Pedro Sánchez y el Partido Nacionalista Vasco, desde que ambos se necesitaron para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, ha tenido continuidad con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales. Con el tiempo, el interés del primero por seguir contando con ese respaldo y mantenerse al frente del Gobierno, ha dado alas al PNV para continuar exprimiendo al Estado. La aparente sintonía entre ambos líderes se materializa con acuerdos muy ventajosos para la histórica comunidad vasca. De la reciente reunión celebrada en Madrid, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, presidida por Sánchez y Pradales, la delegación vasca arrancó diez nuevos acuerdos que, sin duda, refuerzan su autogobierno. De todos ellos sobresale el compromiso para que el País Vasco participe en la gestión de sus aeropuertos, además del impulso a su pequeña y mediana empresa industrial o el refuerzo de la seguridad pública en aquel territorio. ¿Debe estar un Gobierno estatal condicionado de forma exclusiva a la dictadura surgida de la necesidad de los votos? ¿Dónde quedan la equidad, la solidaridad o la justicia?
Canarias lleva décadas reivindicando la administración de sus aeropuertos, para la gestión o cogestión de unas infraestructuras vitales para el desarrollo social y económico de nuestra tierra. De modo que, una vez abierto el melón de la participación de Cataluña y el País Vasco en dicha materia, cabría preguntarse si existe una sola razón para que Canarias no lo haga también. Territorios continentales como el País Vasco, Cataluña o Andalucía están conectados interior y exteriormente a través de distintos modos, como la carretera, el ferrocarril o el propio transporte aéreo. En todos los casos, el avión surge como un valioso medio para complementar el automóvil y el tren. Si nos referimos a un archipiélago, como es el caso de Canarias, con el añadido de su lejanía, la dependencia del avión y del barco resulta absoluta.
La cohesión territorial, social y económica de las Islas depende irremediablemente del transporte por mar y por aire. Sin más alternativas. Por si fuera poco, el transporte aéreo es el pilar sobre el que se apoyan las Islas para que el turismo sea la industria que sostiene su economía, las oportunidades de trabajo y, consiguientemente, el bienestar de la población. Los ocho aeropuertos canarios movilizan cada año a cerca de 60 millones de pasajeros. El País Vasco, con la misma población y parecido territorio, apenas se acerca a los 8 millones, sumando sus tres aeropuertos (Bilbao, San Sebastián y Vitoria). Con todo lo expuesto, en modo alguno se trata de negar al País Vasco, Cataluña o cualquier otra comunidad autónoma su derecho a intervenir en la gestión aeroportuaria. Se trata de exigir al Gobierno de España la participación total o parcial de Canarias en la gestión de nuestra red insular.
Hasta ahora, el Gobierno suele sacudirse la presión de otras comunidades escudándose en el carácter privado de AENA, el órgano gestor de los aeropuertos. Pero, realmente no es así: el 51 por ciento del capital de AENA lo ostenta una empresa pública, como es el caso de Enaire, por lo que argumento citado vale como excusa, pero la realidad es que su control está en manos del Gobierno. Habrá que aguardar hasta conocer la reacción de los vascos tras el anuncio de AENA de emprender acciones legales contra el acuerdo sellado por Sánchez y Pradales para que el País Vasco entre a participar en la gestión de sus aeropuertos. Es probable que entonces el presidente acuda al mismo recurso que usó en 2019 para responder en una entrevista, cuando se le inquirió sobre su compromiso de traer a España al prófugo Puigdemont. “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”. Acudiendo al mismo subterfugio, en este caso para sellar el acuerdo con los vascos sobre la gestión aeroportuaria, Sánchez podría lanzar al aire una pregunta similar: ¿De quién depende el presidente de AENA? Pues eso, del propio presidente del Gobierno y de aquellos destacados socialistas catalanes que lo han arropado durante su trayectoria política.