El Gobierno de España, junto al Defensor del Pueblo y la Iglesia, ha firmado un protocolo para implementar un nuevo sistema de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Este acuerdo, que entrará en vigor el 15 de abril, establece modalidades de reparación simbólica, restaurativa y económica, considerando la gravedad de los abusos. Se creará una Unidad de Tramitación para gestionar solicitudes y una Unidad de Víctimas para evaluar cada caso. Además, se formará una Comisión Mixta para resolver discrepancias en las valoraciones. Este es un paso significativo hacia la justicia para las víctimas.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego, han firmado un importante protocolo de colaboración. Este acuerdo tiene como objetivo implementar un nuevo sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
Este documento desarrolla el pacto establecido en enero entre el Gobierno, la CEE y la CONFER. El protocolo detalla el funcionamiento del nuevo sistema y establece que su entrada en vigor está programada para el 15 de abril. Su duración será inicialmente de un año, con posibilidad de prórroga por otro año adicional.
Durante la firma del protocolo, el ministro Bolaños subrayó que este día representa "un día de justicia" para las víctimas, reconociendo su papel crucial en la materialización de este acuerdo histórico y pionero a nivel mundial.
Modalidades de reparación
El protocolo especifica que las modalidades de reparación pueden ser simbólicas o restaurativas, enfocándose en el reconocimiento institucional y ofreciendo herramientas para acompañar a las víctimas o presentar disculpas. También se contempla una compensación económica por los daños sufridos y los gastos asociados al tratamiento de secuelas físicas y psicológicas.
Las víctimas que ya han accedido al sistema de reparación instaurado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán beneficiarse del nuevo mecanismo mixto.
El protocolo estipula que el Ministerio de la Presidencia creará una Unidad de Tramitación encargada de recibir solicitudes, brindar orientación sobre su presentación y gestionar la comunicación con todas las partes involucradas. Esta unidad también se encargará de notificar propuestas y recopilar informes necesarios.
Por su parte, el Defensor del Pueblo establecerá una Unidad de Víctimas que llevará a cabo evaluaciones individualizadas de las solicitudes mediante un equipo independiente de expertos. Esta unidad también elaborará propuestas para reconocer oficialmente a las víctimas y determinar sus reparaciones.
La CEE y la CONFER asumirán la responsabilidad, a través de una comisión asesora (Comisión Asesora PRIVA), de emitir informes motivados sobre cada valoración realizada por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo respecto al reconocimiento y reparación.
Se constituirá además una Comisión Mixta compuesta por nueve miembros que representarán a todas las instituciones firmantes así como a asociaciones de víctimas. Su función será alcanzar consensos en aquellos casos donde no exista conformidad entre la valoración realizada por la Unidad de Víctimas y la Comisión Asesora PRIVA o entre esta última y las propias víctimas.
Fases del proceso
El proceso comenzará cuando una víctima complete un formulario que deberá presentar ante la Unidad de Tramitación. Esta unidad enviará posteriormente el formulario a la Unidad de Víctimas para su evaluación.
Una vez estudiado el caso y escuchadas todas las partes implicadas, esta unidad emitirá una decisión sobre el reconocimiento o denegación en un plazo máximo de tres meses. La Unidad de Tramitación comunicará esta decisión a la Comisión Asesora PRIVA, que deberá emitir su criterio motivado en un plazo no mayor a dos meses.
Tanto la valoración del Defensor del Pueblo como la respuesta proveniente de la Comisión PRIVA serán comunicadas al solicitante, quien tendrá 15 días para expresar su conformidad o presentar alegaciones si no está conforme. Si hay acuerdo entre todas las partes, dicha valoración se considerará definitiva y se enviará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento.
En caso contrario, si alguna parte muestra disconformidad, se remitirán los informes pertinentes al Defensor del Pueblo para su análisis dentro de un plazo similar. Se convocará entonces a la Comisión Mixta con el objetivo alcanzar un consenso en un mes; si esto no es posible, prevalecerá lo dictaminado por el Defensor del Pueblo, quien informará tanto a la víctima como a la Comisión Asesora PRIVA para proceder con su ejecución.