La geografía resulta determinante a la hora de evaluar las fortalezas y debilidades que caracterizan a nuestras Islas. Del enclave que nos sitúa en el Atlántico Medio, alejados del territorio continental europeo, se deriva que gocemos, sin duda alguna, de un clima privilegiado, básico para el desarrollo de la potente industria turística que sostiene el sistema económico insular. Pero, al mismo tiempo, la lejanía del continente es una limitación muy importante a la hora de diversificar actividades económicas que contribuyan al incremento de un Producto Interior Bruto favorecedor de más oportunidades de trabajo y, por lo tanto, de la calidad de vida y el bienestar necesario para la densísima población que habita el Archipiélago.
Las palpables diferencias con el lejano territorio continental, a la hora de generar oportunidades para personas y empresas, justifican que Europa reconociera jurídicamente a sus territorios ultraperiféricos. Desde la mitad de los años 90, los gobiernos de Francia, España y Portugal desataron una fuerte ofensiva en el seno de la UE hasta lograr el reconocimiento diferenciado en la aplicación del Derecho europeo a sus respectivos Territorios de Ultramar. En virtud de su mayor población y desarrollo entre todas esas regiones, Canarias ejerció un papel clave en todo el proceso. El entonces presidente de Canarias, Manuel Hermoso, de la mano del Gobierno de España que encabezaba José María Aznar, condujo un proceso que culminó en 1998 con el Tratado de Amsterdam.
Los gobiernos de España siempre han sido muy remolones a la hora de reconocer y defender los hechos diferenciales de nuestras Islas. En Europa y en el propio Estado español. De manera que merezca la pena recordar el protagonismo alcanzado por Coalición Canaria en las Cortes Generales durante aquel proceso, a raíz de las elecciones de marzo de 1996. Pese a tratarse entonces de una opción todavía incipiente, esta formación nacionalista obtuvo cuatro diputados y seis senadores, revalidando los grupos parlamentarios que ya había conseguido en la corta legislatura 1994-1996.
Las matemáticas le otorgaron un papel decisivo a la hora de que Aznar resultara investido como presidente. Junto a Convergencia i Unión y el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria hizo posible la investidura del líder popular. Desde una posición estratégica que le hizo imprescindible para la gobernabilidad de España, los nacionalistas lograron comprometer al Ejecutivo de Aznar a la firma de un pacto de legislatura inédito, el más importante en la historia de las Islas. Aquel acuerdo suscrito por Aznar y Hermoso en el Congreso de los Diputados, en presencia de representantes de sus respectivas formaciones, incluía, entre otros muchos asuntos, un Estatuto Permanente para Canarias en la UE que recogiera los hechos diferenciales de las Islas o la convalidación en Europa de nuestro Régimen Económico Fiscal.
La defensa en el continente europeo de los hechos diferenciales de las Islas es una cuestión de oportunismo político o de convicción. Mientras los nacionalistas canarios hemos sido imprescindibles o convenientes para el Gobierno español de turno, se nos ha escuchado, atendiendo nuestras reivindicaciones. Pero desde el momento en que pasamos a ser prescindibles, Canarias ha recibido el mismo trato que cualquier territorio común del Estado, sin valorar las peculiaridades que nos distinguen.
El futuro de los fondos europeos destinados a las RUP pasa hoy por un momento delicado en el seno de la UE. Con el pretexto de incrementar los presupuestos de seguridad, Bruselas quiere recortarlos. De ahí que Canarias tenga que ir de la mano del Gobierno de España para defender nuestra singularidad en Europa, aliados al mismo tiempo con el resto de las RUP y de sus gobiernos respectivos, los de Francia y Portugal. Lo peor es que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está evitando reconocer los hechos diferenciales de Canarias, como se evidencia en el Decreto de Medidas para atenuar el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Por lo tanto, cabe preguntarse con qué convicción va a defender el Gobierno español dichas singularidades, cuando no las reconoce explícitamente en el ámbito de su competencia.