La aprobación del paquete anticrisis por parte del Consejo de Ministros, concebido para mitigar los efectos económicos derivados de la guerra de Irán, debía haber sido una demostración de unidad, eficacia y responsabilidad. Sin embargo, ha terminado evidenciando justo lo contrario: un Ejecutivo fracturado, más preocupado por sus equilibrios internos que por dar respuestas urgentes a los ciudadanos.
Las medidas finalmente aprobadas en un primer bloque -entre ellas ayudas directas a sectores afectados, bonificaciones energéticas, refuerzos al transporte y mecanismos para contener el impacto de la inflación- responden, en esencia, a una lógica de urgencia. España, como el resto de Europa, encara una nueva espiral de encarecimiento de costes que amenaza con golpear con dureza a familias y empresas. Era el momento de actuar con rapidez y con sentido de Estado.
Sin embargo, la reunión del Consejo de Ministros arrancó con retraso por la presión de los ministros de Sumar, que trataron de ampliar el decreto con medidas que desbordaban el núcleo de la crisis. Entre ellas, el tope a los beneficios empresariales, finalmente incorporado al primer decreto, lo que evidencia hasta qué punto la negociación interna tensionó al Ejecutivo hasta el último momento. Este movimiento no sólo tensó al máximo la negociación con el PSOE, sino que introdujo un elemento de incertidumbre en un momento que exigía claridad.
El resultado de esta pugna ha sido una solución de compromiso que, lejos de reforzar al Gobierno, lo debilita: dos decretos en lugar de uno. Por un lado, el paquete urgente para hacer frente a la crisis, que ya incluye elementos impulsados por Sumar; por otro, un segundo bloque con medidas adicionales -especialmente en materia de vivienda- cuya viabilidad parlamentaria es, a día de hoy, más que dudosa. Todo apunta a que este segundo decreto no contará con los apoyos necesarios en el Congreso, lo que evidencia la precariedad política de Sumar y su escasa capacidad para imponer agenda en un contexto crítico.
Mientras millones de consumidores observan con preocupación cómo su poder adquisitivo se erosiona día tras día, el Ejecutivo proyecta una imagen de descoordinación y debilidad
No era momento de hacer política partidista ni de introducir debates ideológicos que poco o nada aportan a la solución inmediata de los problemas. La inclusión del tope a los beneficios empresariales en el decreto principal responde más a un pulso político que a una estrategia económica consensuada. Los ciudadanos no necesitan ahora gestos ni imposiciones, sino certezas, alivio económico y medidas eficaces que frenen una escalada de precios que amenaza con ser insostenible.
La división interna del Gobierno refleja, en última instancia, una preocupante falta de responsabilidad compartida. Por un lado, el PSOE no ha sido capaz de anticipar ni de encauzar las demandas de su socio. Por otro, Sumar ha demostrado una desconexión inquietante con la realidad social, forzando la inclusión de medidas controvertidas en un momento de emergencia económica.
Esta falta de empatía con los ciudadanos resulta especialmente grave. Mientras millones de consumidores observan con preocupación cómo su poder adquisitivo se erosiona día tras día, el Ejecutivo proyecta una imagen de descoordinación y debilidad. Una imagen que, además, se ve agravada por los recientes resultados electorales de Sumar, que ya apuntaban a una pérdida de respaldo social.
El plan anticrisis era una oportunidad para reforzar la credibilidad del Gobierno. En cambio, ha dejado al descubierto sus costuras. Y, lo que es peor, ha sembrado dudas sobre su capacidad para afrontar, con cohesión y eficacia, los desafíos que aún están por venir.