El proyecto de reforma integral del centro fue adjudicado en 2022 y permanece bloqueado cuatro años después bajo el gobierno de CC y PP, pese a los reiterados avisos sobre el estado de las infraestructuras.
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado una moción al próximo pleno para garantizar la supervivencia del Refugio de El Ravelo y el bienestar de los más de 300 perros que alberga actualmente el centro, ante una situación que califica de “extrema gravedad” por el riesgo sanitario y el deterioro estructural de las instalaciones.
En concreto, la moción del Grupo Socialista propone destinar 500.000 euros para revertir la situación actual.
El consejero socialista Javier Parrilla advierte de que el refugio, de titularidad pública insular, sufre un deterioro progresivo derivado de la falta de financiación suficiente y del bloqueo de las obras de reforma necesarias para garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas tanto para los animales como para trabajadores y voluntarios.
Actualmente el refugio supera los 300 perros, alcanzando picos de 337 animales, una cifra agravada por incendios y abandonos recientes.
Informes técnicos alertan de problemas muy graves:
“El Cabildo no puede mirar hacia otro lado cuando hablamos de un centro público que alberga a más de 300 animales en condiciones que comprometen la salubridad pública y la seguridad. Es una responsabilidad directa de la Administración insular”, subraya Javier Parrilla.
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece que los centros públicos son responsables directos del cuidado y atención de los animales, independientemente de que su gestión esté concertada con una entidad privada. La falta de medios económicos de la entidad gestora no exime a la Administración titular de su obligación de garantizar alimentación, atención veterinaria y condiciones dignas.
El PSOE de Tenerife recuerda que el proyecto de ejecución de las obras de adecuación del refugio fue adjudicado el 17 de febrero de 2022. Sin embargo, tras sucesivas revisiones y requerimientos de subsanación, en mayo de 2023 se solicitó una última modificación y, cuatro años después, la reforma sigue sin ejecutarse bajo el actual gobierno insular de CC y PP.
Para el consejero socialista Javier Parrilla, “es inaceptable que una actuación imprescindible para cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad lleve cuatro años paralizada mientras el centro se deteriora y los costes se disparan”.
El Grupo Socialista subraya que la falta de ejecución de la reforma integral no solo ha agravado el deterioro estructural, sino que ha generado un sobrecoste continuado en atención veterinaria externa. La inexistencia de un espacio sanitario completo dentro del propio refugio obliga a asumir gastos imprevisibles y crecientes.
“Si el espacio clínico previsto en el proyecto adjudicado en 2022 estuviera ya operativo, los costes acumulados en estos años serían sensiblemente inferiores y la situación económica del centro no sería hoy insostenible. La inacción del gobierno insular no solo compromete el bienestar animal, sino que encarece innecesariamente el servicio público”, añade Parrilla.
El consejero socialista va más allá y afirma que “se ha constatado no solo la falta de voluntad, sino la incapacidad de resolver cualquier problema. Cuatro años después seguimos exactamente en el mismo punto, mientras las instalaciones se deterioran y los animales sufren las consecuencias”.
La reforma permitiría renovar estructuras y sistemas eléctricos, resolver los problemas de saneamiento y dotar al centro de un área clínica propia, equiparándolo al refugio de Tierra Blanca, también responsabilidad del Cabildo, racionalizando así el gasto y garantizando una atención veterinaria estable y controlada.
La moción socialista propone declarar la emergencia de las obras de adecuación y reforma integral del refugio, en aplicación del artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ante el fracaso de los procedimientos ordinarios y de urgencia iniciados en 2023.
Asimismo, plantea la creación de una partida específica en el presupuesto de 2026 para cubrir el déficit acumulado en 2025 y garantizar el mantenimiento, alimentación, atención veterinaria y gastos de personal durante el próximo ejercicio, evitando el colapso definitivo del servicio.
“El bienestar animal es una obligación legal, sanitaria y ética. El Cabildo es propietario del centro y no puede permitir que un servicio público esencial quede al borde del colapso por inacción”, concluye el consejero socialista.