Amenazas y ataques dirigidos a su casa y vehículo han sido recibidos por Jéssica de León, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, debido a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida como Ley de Alquiler Vacacional, que fue aprobada por el Parlamento regional el 12 de noviembre pasado.
El vicepresidente canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha denunciado en declaraciones a Radio Sintonía Fuerteventura, que este es un tema que a la propia consejera no le agrada que se conozca.
"Es consciente de que no le agrada que comparta esto, pero es necesario hacerlo. La denuncia se ha presentado en el lugar correspondiente, como es lógico, y la Policía ha estado vigilante ante toda la situación, ya que no se trata de un incidente aislado", señaló.
Domínguez enfatizó que se han recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a la consejera como al presidente, Fernando Clavijo. "Y esto es lo que hemos recibido --observó-- pero, ¿por qué? porque en situaciones como esta ha predominado el egoísmo, el personalismo y el 'qué hay de lo mío'".
El presidente del PP de Canarias, quien también es compañero de partido de De León, ha subrayado la importancia de denunciar públicamente esta situación, afirmando que "no es de recibo". Aunque los políticos pueden cometer errores, el único objetivo del Gobierno regional ha sido "ayudar" a la ciudadanía y "reorganizar" la principal fuente de ingresos del archipiélago: el turismo.
LEY APROBADA A PESAR DEL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
El pasado 12 de noviembre, la ley que regula el alquiler vacacional fue aprobada por el Parlamento de Canarias, aunque los grupos de la oposición --PSOE, NC-bc y Vox-- se opusieron a ello. Además, estos grupos impidieron el debate sobre 24 enmiendas 'in voce' que habían sido propuestas por los integrantes del cuatripartito.
La consejera de Turismo, Jessica de León, reconoció que durante su tramitación ha sido una norma "difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar", además de valorar la acción de CC, PP, ASG y AHI "por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político".
En el archipiélago canario, un 44,6% de las viviendas vacacionales pertenece a individuos, mientras que un 55,3% de estas propiedades y un 55,5% de las plazas son administradas por entidades o propietarios extranjeros, en lugar de ser gestionadas por pequeños propietarios locales.
Con esta norma, no será posible la creación de nuevas viviendas vacacionales durante un lapso de cinco años. Los ayuntamientos deberán contar con un planeamiento municipal que las autorice de manera explícita. Además, tendrán la facultad de determinar cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permitirán en su municipio, ya sea por zonas o núcleos, asegurando siempre que estas decisiones no perjudiquen la calidad de vida de los residentes.
La nueva legislación establece que el uso residencial deberá aplicarse al 90% de las viviendas, permitiendo que únicamente un 10% se destine a fines vacacionales. Además, los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para implementar el plan de inspección necesario.
Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán ser utilizadas para fines turísticos en adelante. Otra de las importantes novedades que introduce la nueva ley autonómica es la prohibición de los pseudohoteles, que son edificios donde todas las viviendas están destinadas al alquiler vacacional por un gran tenedor.
Asimismo, se establece en la norma que las nuevas viviendas no podrán ser utilizadas con fines turísticos hasta que hayan pasado diez años desde su edificación.