La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos FAPA Galdós manifiesta su profunda preocupación por la estrategia comunicativa que despliega ANPE Canarias en relación a los datos de su servicio de ‘Defensor del Profesor’ en la que proyecta una imagen distorsionada y alarmista de las relaciones entre profesorado y familias, presentando a estas últimas como causa principal de la conflictividad escolar.
Desde FAPA Galdós rechazamos firmemente el discurso que responsabiliza a las familias de los problemas de convivencia. Estigmatizar a uno de estos pilares solo contribuye a debilitar la confianza, dificultar la participación, deteriora la convivencia y abona discursos populistas no fundamentados en datos oficiales, para sacar un falso rédito reputacional de un sindicato de clase que no representa a todos los docentes canarios.
Criminalizar a las familias no mejora la educación, no protege al profesorado y no contribuye al interés general del alumnado. El sistema educativo se sostiene sobre la colaboración entre docentes, alumnado y familias. Defendemos un modelo educativo basado en la cooperación, no en la confrontación.
Observatorio de la Convivencia: transparencia real
La memoria difundida por ANPE recurre a estrategias poco transparentes como referir porcentajes, pero no datos absolutos. sin criterios claros y sin verificación externa, lo que impide evaluar con rigor la supuesta “conflictividad creciente”.
Aunque sean pocas las agresiones, todas son repudiadas y condenadas, solidarizándonos con los docentes agredidos, pero no deben utilizarse a estas víctimas para lanzar proclamas torticeras alejadas de la verdadera y sana convivencia de las familias con los docentes a los que confían sus hijos e hijas.
El “Defensor del Profesor” es un servicio interno de un sindicato, no un organismo público ni independiente. Sus datos no están auditados por ninguna entidad externa. No cuenta con participación de las familias ni del conjunto de la comunidad educativa. No puede considerarse una fotografía real de la convivencia escolar en Canarias. Por ello, no puede ser utilizado como fuente objetiva para describir la situación del sistema educativo o para reclamar una autoridad docente que también es mal utilizada.
El Consejo Escolar de Canarias, a petición de toda la Comunidad Educativa, incluida la aportación de FAPA Galdós, promueve en su informe sobre el proyecto de Decreto de Convivencia la creación de un Observatorio Canario de la Convivencia, una herramienta rigurosa, plural e independiente destinada a recopilar datos reales y verificables, analizarlos con criterios técnicos y proponer medidas basadas en la evidencia.
Mientras las familias defendemos mecanismos transparentes y colectivos, ANPE insiste en cifras internas sin supervisión que alimentan una visión sesgada del sistema educativo.
Las familias también sufrimos cuando el sistema falla
En lugar de señalar a las familias, es necesario recordar que también existen situaciones en las que son los propios profesionales quienes ejercen conductas inadecuadas o agresivas, tal y como contemplan los protocolos oficiales de prevención y actuación (por ejemplo, trato vejatorio hacia el alumnado, uso desproporcionado de la autoridad, actuaciones intimidatorias, o casos en los que los protocolos frente a posibles agresiones físicas o psicológicas cometidas por personal del centro sí se han activado).
Y, aun así, las familias no realizamos campañas públicas de criminalización del profesorado, porque entendemos que los casos individuales deben abordarse con rigor, no con generalizaciones.
Cuando ANPE habla de convivencia, omite una parte esencial: los casos de acoso escolar donde las familias sufren violencia institucional, cuando constatan que el centro no les escucha o que se minimiza la situación. Las familias también sufrimos cuando la respuesta institucional no es adecuada, y pedimos una mirada global, equilibrada y honesta sobre la convivencia escolar.
Desde FAPA Galdós hacemos un llamamiento a ANPE para que abandone esta estrategia de presión y confrontación y se sume a las vías de diálogo que sí fortalecen el sistema educativo.
La convivencia no mejora con discursos alarmistas, sino con recursos adecuados, protocolos claros, datos reales, participación efectiva de las familias, y trabajo conjunto entre todos los sectores.