El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley destinado a sancionar el incumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. Esta legislación busca permitir que España actúe contra personas, entidades o países ajenos a la UE que no respeten estas normativas, alineándose con los objetivos de política exterior y seguridad común de la UE. La propuesta incluye reformas al Código Penal para tipificar como delito el incumplimiento de estas medidas y establece un sistema de coordinación entre autoridades nacionales. Con esta iniciativa, España refuerza su compromiso con el papel activo de la UE en el ámbito internacional.
El Gobierno español ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso que tiene como objetivo sancionar a individuos, entidades o países ajenos a la Unión Europea (UE) que incumplan las medidas restrictivas establecidas por esta última. Estas medidas buscan promover los objetivos de política exterior y seguridad común de la UE.
La iniciativa se basa en una Directiva europea aprobada durante la presidencia española del Consejo de la UE, que contempla diversas acciones, incluyendo embargos, decomisos y restricciones en importaciones y exportaciones. Aunque algunas de estas sanciones ya se han aplicado a personas y entidades rusas y bielorrusas tras la invasión de Ucrania, es necesario que los Estados miembros armonicen sus sanciones penales para asegurar su efectividad en caso de infracción.
Este proyecto implica una reforma significativa del Código Penal español, introduciendo un nuevo Título dedicado a los "Delitos contra el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea". Este apartado tipificará como delito el incumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por la UE. Cabe destacar que quedan excluidas las actividades relacionadas con la entrega de bienes y servicios por razones humanitarias.
Entre las novedades más relevantes se encuentra la modificación del artículo 127 del Código Penal, que permitirá aplicar el decomiso a delitos relacionados con la vulneración de las medidas restrictivas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar estos casos.
Además, el proyecto establece una comisión mixta destinada a coordinar las autoridades nacionales involucradas en la aplicación de estas medidas, abarcando aspectos policiales, judiciales y administrativos. Esta comisión estará bajo el auspicio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Con esta propuesta legislativa, España busca fortalecer su papel en un contexto internacional crítico para Europa, proporcionando herramientas que permitan a la UE seguir siendo un actor relevante y comprometido con los valores del Estado social y democrático de Derecho.