Por su parte, los abogados de Begoña Gómez han presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que piden la identidad y las funciones de todos los asistentes que hayan trabajado para las mujeres de los presidentes del Gobierno en Democracia.
La defensa de Gómez mueve de esta manera ficha después de que el juez haya pasado a la ley del jurado la investigación abierta por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asistente en Moncloa para ella.
El juez mantiene que Cristina Álvarez cobraba un sueldo público por ayudar a la mujer de Pedro Sánchez en sus actividades privadas.
El abogado, Antonio Camacho, que lidera esta petición, que ahora va a tener que autorizar el juez, a la Secretaría General de Presidencia y lo hace solo unas horas antes de que se celebre la Audiencia que ha convocado Juan Carlos Peinado para transformar también a la ley del jurado la pieza principal en la que está investigando si su trabajo en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y su relación con el empresario Carlos Barrabés, que trabajaba como uno de los docentes, se utilizó como trampolín para lanzar las carreras profesionales de ambos.
Esta solicitud viene del supuesto delito de malversación que el juez Peinado imputó a Gómez este agosto. Esta línea de investigación comenzó después de que el pasado noviembre el instructor citara a declarar como testigo a la ex asesora de La Moncloa y antigua asistente de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, por haber hecho supuestamente gestiones en nombre de Gómez para la cátedra extraordinaria.
Durante su declaración, Álvarez dijo que sus gestiones con la universidad fueron favores personales y que fue contratada por La Moncloa para que coordinara la agenda institucional de la esposa de Sánchez, cargo que ya habían realizado otras personas con las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno. Casi 3 semanas después de la declaración y de reconocer que no había pruebas de su implicación, Peinado cambió la condición de Álvarez a investigada.
Después de ordenar diversas diligencias, como demandar al Gobierno la relación de todos los trabajadores y asesores que "desempeñan sus labores" en La Moncloa, Peinado decidió citar al ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez en 2018 cuando este se encontraba al frente de la Secretaría General de Presidencia.