En Canarias llevamos años trabajando en el diagnóstico del reto demográfico, a través de la Comisión de Estudio en el Parlamento y de la Conferencia de Presidentes. Sabemos con precisión cuáles son nuestras debilidades, qué islas están más expuestas a la pérdida de población y qué territorios soportan una presión desmedida en servicios y recursos. El diagnóstico está hecho. Lo que falta ahora es actuar con valentía y determinación.
El futuro del Archipiélago no se juega en los papeles, sino en la capacidad de nuestras instituciones para legislar, planificar y cooperar. Afrontar el reto demográfico exige entender que territorio, población, economía y sociedad son piezas inseparables de un mismo engranaje. Si una de ellas se desequilibra, todas se resienten.
Debemos establecer límites al crecimiento desordenado. No podemos seguir expandiendo infraestructuras, turismo y población sin atender a la sostenibilidad de nuestro medio natural ni a la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso propongo medidas concretas: una ley de residencia, normas que impulsen las economías rurales, y restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros. No se trata de cerrar puertas, sino de garantizar que sigamos viviendo con calidad de vida en nuestra tierra.
En el ámbito fiscal, insisto en que La Palma, La Gomera y El Hierro necesitan un tratamiento diferenciado. Las llamadas “Islas Verdes” requieren incentivos económicos propios para crear empleo, retener población y ofrecer igualdad de oportunidades. Sin esa fiscalidad justa, condenamos a estos territorios a la despoblación.
Algunas de estas medidas tienen un coste económico, pero otras dependen únicamente de la voluntad política. Lo que necesitamos es coraje y compromiso. Tenemos que profundizar en cuestiones básicas como la vivienda, la simplificación administrativa o la financiación autonómica. Cada año que pasa, Canarias suma más de 25.000 habitantes. Si no actuamos ya, llegará el momento en que la realidad se desborde.
Sin duda, el reto demográfico no es un debate académico, es una urgencia vital. Si no tomamos decisiones firmes, las próximas generaciones tendrán dificultades para vivir en su propia tierra. No podemos legarles un Archipiélago colapsado, con desigualdades crecientes y oportunidades desiguales. Tenemos la obligación moral de actuar ahora.
La respuesta a este desafío exige valentía política y cooperación institucional. Ninguna administración, por sí sola, podrá resolverlo. El Congreso celebrado en Gáldar debe ser un punto de inflexión para seguir profundizando en propuestas que den frutos. Ya hemos dado pasos, ahora toca tomar decisiones valientes que den sus frutos.
El futuro de Canarias está en juego, y no hay tiempo que perder.