La comparecencia ha sido breve: apenas un cuarto de hora en la sala y ha respondido a tres preguntas, todas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Ha sido la cuarta vez que ha declarado, aunque en las dos anteriores ha optado por guardar silencio. La citación se ha producido después de que Peinado haya sumado en agosto el delito de malversación a la causa, tras la petición de las acusaciones populares, que han denunciado el uso de un correo oficial y de su asesora para fines privados.
Gómez ha defendido que Álvarez siempre ha realizado las funciones que le han sido encomendadas, como acompañarla a actos y organizar su agenda. Sin embargo, ha dicho no recordar cómo se ha gestado su nombramiento en Moncloa, más allá de que se le ha indicado que debía contar con personal de apoyo, como ya han tenido esposas de anteriores presidentes.
Durante su declaración, también ha enmarcado en un «favor personal» los correos electrónicos que Álvarez ha enviado en 2021 a una directiva de Reale Seguros, entidad que ha financiado la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. Ha explicado que su asistenta ha tenido acceso a su correo para poder desempeñar su trabajo y que algunos envíos los ha solicitado expresamente «por amistad», sin que hayan afectado a sus funciones oficiales.
Álvarez, que ha sido contratada en julio de 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y con quien Gómez ya había trabajado en el sector privado, ha percibido un salario de unos 37.000 euros netos anuales. En diciembre ha declarado inicialmente como testigo, pero el magistrado ha decidido imputarla en febrero. Desde entonces ha negado haber favorecido a Gómez en sus relaciones con la Complutense o con empresas vinculadas a la cátedra.
No obstante, los correos intervenidos por la UCO de la Guardia Civil han mostrado que la asesora se ha implicado en gestiones relacionadas con la actividad académica de Gómez, en la que también ha participado su hermana. Entre otros, ha contactado con el vicerrector de la Complutense para asuntos vinculados a un software que Gómez ha registrado y con patrocinadores como Reale Seguros, que ha aportado 60.000 euros entre 2018 y 2022.
Tanto Gómez como su asesora han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la imputación por malversación. En su recurso, Álvarez ha cuestionado que se considere delito el envío de correos electrónicos vinculados a la agenda de Gómez y ha argumentado que, de aplicarse ese criterio, se podrían imputar como malversación conductas habituales de muchos funcionarios al realizar gestiones personales menores en su entorno laboral.