La Audiencia Nacional ha confirmado que el Gobierno no está obligado a revelar los detalles del rescate de 475 millones de euros a Air Europa durante la pandemia. El tribunal considera que la confidencialidad prevista en la normativa específica prevalece sobre la Ley de Transparencia.
En su fallo, la Sala de lo Contencioso rechaza el recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución previa del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, que ya había dado la razón al Ejecutivo.
El caso se inició cuando un ciudadano solicitó información sobre la resolución del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que aprobó el rescate, así como el acuerdo de gestión que incluía sus condiciones. Transparencia estimó parcialmente la reclamación e instó al Ministerio de Hacienda a entregar la documentación, defendiendo que existía un interés público elevado en conocer la justificación de la concesión.
La Abogacía del Estado se opuso, alegando que el Real Decreto-Ley 5/2021, que regula este tipo de ayudas, establece el “carácter reservado” de ciertos datos y fija excepciones que no se dan en este caso.
Los magistrados han coincidido en este argumento: la obligación de confidencialidad es una norma específica que excluye la aplicación de la Ley de Transparencia. Por ello, no procede ponderar el interés público frente a la reserva de la información.
“El acceso a la información debía haber sido desestimado”, concluye la sentencia. Esta reafirma que en este caso prima la normativa especial sobre la general en materia de acceso a datos.