Ante la noticia publicada sobre que Ferrovial contrató a la consultora Equipo Económico para cambiar la legislación sobre los plazos de pago de las Administraciones Públicas, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, denuncia.
El doble rasero de algunas grandes compañías (entre ellas, Ferrovial) por tener una postura diferente sobre los plazos de pago cuando es proveedor y cuando es cliente.
Cómo compañías con mucha capacidad económica logran interferir en las normas para acelerarlas si les conviene, como el caso de Ferrovial con pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores; o paralizarlas si les perjudican, como ocurrió en España con el Régimen Sancionador (que acumuló infinitas prórrogas en el Congreso sin llegar nunca a aprobarse), y lo que está pasando actualmente en Europa con el Reglamento Europeo contra la Morosidad, que está teniendo dificultades para terminar de aprobarse. La PMCM valora positivamente el Plan de Pago a Proveedores que fue negociado por la propia PMcM con el Gobierno y que posibilitó que muchas pymes acortaran sus plazos de cobro. No obstante, la PMcM continúa denunciando que las grandes corporaciones que cobran en plazo no hacen lo mismo con sus proveedores, que en su mayoría son pymes.
En opinión de Cañete:
“Es llamativo que haya grandes compañías que consigan desviar procesos legales tan necesarios para la supervivencia de las pymes, como lo era el Régimen Sancionador en España y el procedimiento del Reglamento Europeo contra la morosidad que se está negociando actualmente en Europa. Atajar la lacra de la morosidad, que afecta gravemente a la competitividad de las empresas proveedoras, no puede verse en ningún caso supeditada a los intereses unos pocos”.
“El Plan de Pago a Proveedores era una cuestión necesaria para las grandes empresas por ser proveedores de las Administraciones Públicas, pero especialmente para las pymes, tanto en su papel de proveedoras como de subcontratistas. En aquel entonces, en el año previo al Plan de Pago a Proveedores, los datos de la PMcM cifraban el plazo medio de pago de las AA.PP. a sus proveedores en 162 días, más de cinco veces el plazo legal (fijado en 30 días). Esta es una media, por lo que se daban casos de plazos muy superiores al año”.
“Más allá del terreno de la morosidad, el ámbito sancionador tampoco escapa a esta dinámica. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a seis de las mayores constructoras del país por prácticas anticompetitivas en la adjudicación de contratos públicos durante más de 25 años. La sanción fue considerada histórica, pero la resolución quedó en suspenso tras recursos judiciales y falta de avances. La impresión que queda es que, en determinados casos, la capacidad de presión de ciertos actores puede diluir incluso las decisiones de los organismos independientes. Por cierto, en este documento se indicaba que el grupo de empresas tenía acordado pagar a los consultores externos a 180 días”.
“Se debería proceder a modificar la legislación actual a efectos de incentivar el pago directo de las AA.PP. a los subcontratistas, en la misma dirección que las medidas tomadas recientemente por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña”.