En el reciente debate del Congreso de los Diputados sobre la corrupción, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, recordando el fallecimiento de su padre -veterano sindicalista gallego- acaecido el día anterior, dijo textualmente en la tribuna: “hoy subo aquí en nombre de mi padre, que no quería que jamás gobernaran las derechas en nuestro país”.
La controvertida política de Sumar solo estaba reiterando un deseo ya manifestado días antes por Pedro Sánchez quien, acosado por los múltiples casos de corrupción que cercan su entorno político y personal, había declarado públicamente que “no dimito por responsabilidad, para impedir que la derecha y la ultraderecha puedan gobernar en España”.
Las anteriores expresiones no hacían más que verbalizar una idea profundamente arraigada en la izquierda española desde los tiempos de la Segunda República. Ya Manuel Azaña había acuñado la polémica frase “la República es solo para los republicanos”. Y esa fue una de las causas del fracaso de la experiencia republicana: creer que solo ellos tenían derecho a gobernar, aunque el pueblo pensara lo contrario.
Esta obsesión reiterada de nuestra izquierda, que parece haberse aceptado con normalidad en la sociedad española actual (qué dirían si algo semejante fuera manifestado por Santiago Abascal), revela una preocupante actitud antidemocrática. Pensar que la gente está equivocada si no les vota revela la misma mentalidad totalitaria que exhiben los peores dictadores mundiales. Y tal actitud excluyente no puede justificarse -aunque lo intenten habitualmente, dada la tradicional incultura histórica del pueblo español, acentuada por la sectaria “Memoria Histórica”- con la excusa de la dictadura franquista, puesto que la izquierda ya se manifestaba en este sentido bastante antes de Franco.
Por ejemplo, en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 (en plena Segunda República), que fueron ganadas abrumadoramente por las derechas y produjeron -según el testimonio del republicano Diego Martínez Barrio- que los principales dirigentes de izquierda, encabezados por Manuel Azaña, presionasen al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora -nada más conocerse los resultados electorales- para que convocara nuevas elecciones antes de que se constituyeran las Cortes recién elegidas. No consiguieron su objetivo, pero a cambio Alcalá Zamora impidió a José María Gil-Robles, líder de la CEDA y de la coalición ganadora, formar gobierno, entregando el poder a los radicales de Alejandro Lerroux. Un año después, en octubre de 1934, cuando la coalición electoral vencedora exigió incluir a tres ministros en el Gobierno, el PSOE y la UGT organizaron la violenta revolución de octubre sublevándose contra el propio Gobierno de la República.
Los republicanos de izquierdas repitieron la jugada en las elecciones generales celebradas en febrero de 1936, ejecutando un pucherazo infame (hoy perfectamente documentado por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa en “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”), que dio un triunfo manipulado a una coalición multipartidista y radical muy parecida a la que sostiene hoy a Sánchez en el poder, y que representó la violenta antesala de la Guerra Civil.
No querer que exista alternancia política es no ser un demócrata. Y consentir incluso la corrupción para impedir el acceso de la oposición al poder es algo políticamente vomitivo. ¿Para qué hemos votado en España un régimen constitucional si se trata de que siempre manden los mismos? Hacer cualquier cosa para evitar dicha alternancia -o para impedir al pueblo que manifieste su voluntad- es ser, simplemente, un dictador. Este es el panorama recurrente de las izquierdas en España, aderezado con su reguero de casos de corrupción. Y luego hablan sin parar de Franco, de “progresismo”, y de “regeneración”. Dime de qué presumes…