Delgado, entre otros datos, afirmó que durante los veinte meses de su gestión, se han realizado más 4.300 revisiones de grado y otras tantas revisiones de PIA que quedaron paralizadas en la legislatura anterior. La consejera apeló a “centrase en la atención de las personas, mejorar el sistema y abandonar la confrontación política” y aseguró que se está realizando un esfuerzo muy importante, poniendo, por ejemplo, treinta nuevos efectivos para reducir los tiempos de espera. “Con el nuevo decreto, que unifica la valoración de grado y de PIA en un solo paso, los reduciremos aún más”. Recordó también que la situación que asumió en materia de Dependencia a su llegada se había comunicado en diferentes comparecencias tanto parlamentarias como ante la prensa.
“Si nos vamos a las medias, Canarias en este momento está por encima de los datos que hizo en la legislatura anterior quienes hoy critican esta gestión”, aseguró. “Obviamente, no queremos sacar pecho con los datos porque aunque mejoremos mucho, siempre será poco para quienes están a la espera de una ayuda, pero puedo asegurar que todo nuestro foco está puesto en poner a la ciudadanía en el centro y sentar las bases que permitan una mejora muy evidente al final de esta legislatura”.
Delgado quiso también agradecer la dedicación de todo el personal funcionario o laboral que como “servidores públicos, comprometidos con este ámbito, están dando todo y más para sacar adelante los expedientes. Es impresentable que se trate de atacar a estos trabajadores y trabajadoras”.
La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, explicó que cuando se incorporó en septiembre de 2023 a este cargo encontraron 6.500 solicitudes sin registrar en el sistema y 1.741 solicitudes sin revisión de grado que por tanto “no habían empezado a generar derechos” y manifestó que cree que se hizo para evitar que crecieran las listas de espera porque, “obviamente, si no se graban las solicitudes, estas listas tampoco crecen, y si se realizan las revisiones de grado también aumentan las listas de espera, pues la persona dependiente precisa una nueva valoración, una nueva espera por la resolución, un nuevo PIA” . Ante esta situación desde la Dirección General se contrató una empresa para grabar y digitalizar las solicitudes acumuladas.
La directora recordó que cuando se terminó la migración de todos esos datos, en febrero de 2024, el Imserso informó de que se debían solventar unas incidencias que quedaban pendientes de la legislatura pasada lo que supuso “revisar, uno a uno, más de 16.000 expedientes pendientes de la legislatura anterior que de no haber sido resueltos, hubiese supuesto que la Comunidad Autónoma hubiera tenido que devolver un millón de euros”.