Como se recordará este cambio legislativo, permitirá al Estado distribuir entre todas las comunidades autónomas a los menores que lleguen a Canarias para evitar situaciones de colapso que redundan en perjuicio de los niños y niñas que están bajo el amparo de la administración pública.
En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, manifestó la posibilidad de que “a final de semana podamos contar con el documento, que es de extraordinaria necesidad dadas las previsiones de la ACNUR o la Guardia Civil, que estiman una llegada masiva de personas en los próximos meses de verano”.
Por otra parte, se refirió a la colaboración estrecha que siempre se ha mantenido con CEAR “y que vamos a seguir prolongando especialmente en proyectos relacionados con la emancipación de los menores para cuando pasen a extutelados”, afirmó.
En este sentido, Juan Carlos Lorenzo, advirtió que la dimensión del fenómeno migratorio está impidiendo el desarrollo de proyectos de integración que están en marcha y coincidió que hay que reforzar los itinerarios de inserción sociolaboral.
En el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, Candelaria Delgado, aprovechó el encuentro para presentarles el protocolo con las 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante que ya presentó la pasada semana en Bruselas al director de Asuntos Horizontales, Migración y Asilo de la Comisión Europea, Michael Shotter.
La consejera explicó que “el objetivo del Gobierno de Canarias es que Europa, y España en concreto, tengan en cuenta estas 18 medidas de cara a la implementación del Pacto de Inmigración y Asilo, una propuesta de la Comisión Europea para todos los países, dirigidas a velar por los derechos de la infancia en todo el territorio europeo y que se fundamentan en la experiencia de Canarias como frontera sur, el reto al que nos enfrentamos a diario para atender y proteger a la infancia no acompañada”.
Las propuestas son: crear una red de recursos de primera acogida en zonas fronterizas; la habilitación de fondos de financiación comunitarios y plurianuales; la declaración de la emergencia social en territorios fronterizos; agilizar la determinación de la mayoría o minoría de edad así como dotar de los medios necesarios para realizarse; la atención a la diversidad; la atención a la salud mental con enfoque de infancia y culturalmente competente; la creación de itinerarios formativos para niñas y niños extranjeros; la creación del banco de familias de acogida; la formación especializada para detección y actuación en violencia sexual; cobertura jurídica a niñas y niños; la creación de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de formación a personal en materia de atención a la infancia; plan de retornos con garantías; un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE; ayuda oficial al desarrollo con perspectiva en materia de infancia y juventud; sistema integral de información; plan contra el racismo y la xenofobia; la creación de mecanismos de identificación y por último, el acompañamiento a las víctimas.