Reunión en diputación del Común con la Adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, Amanda Correa asesora técnica, y dos representantes de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, Dácil García por el Hospital Universitario de Canarias, y Purificación Ramírez en representación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Entre los antecedentes de esta reunión se encuentra la difusión en redes y prensa en las últimas semanas de diferentes comunicados y testimonios de decenas de madres trabajadoras del SCS que han sacado a la luz los hechos de la suspensión de su contratación durante el embarazo y el consiguiente perjuicio. Ante esta evidencia, desde la Consejería de Sanidad, Blas Trujillo ha recordado en intervención reciente, la existencia de una instrucción destinada a evitar estas situaciones y ha afirmado que, si bien eran habituales en el pasado, desde la puesta en marcha de la instrucción en 2018, no se habían registrado nuevas suspensiones de contrato por embarazo.
Por otro lado, en su última visita al Hospital Universitario de Canarias, la Ministra Carolina Darias, a la que se le hizo entrega de una carta de las afectadas, en presencia del Ángel Víctor Torres y Blas Trujillo, ha afirmado que la última reunión de la Comisión Nacional de Recursos Humanos sentaría las directrices para que los trabajadores afectados por abuso vieran resuelta su situación.
Durante el transcurso de la reunión, que se extendió por más de una hora, las representantes de esas trabajadoras afectadas presentaron a Barrera, sus quejas y quedaron para otra próxima reunión en donde le harán llegar toda la documentación que evidencia que las afectadas por la suspensión de contrato sufren un doble perjuicio: por un lado, el daño moral infligido por su no renovación estando embarazadas y por otro, la no computación del tiempo sin contrato durante su embarazo a efectos de la baremación en los citados procesos extraordinarios de consolidación.
Igualmente han explicado que disponen de evidencias de este modo de actuar del SCS, aún estando la “instrucción protectora” en vigor. De esta forma, no cabe lugar a dudas de que las señaladas instrucción e intención que articulan, no han sido, no son, y en consecuencia no serán suficientes para erradicar esta lacra de discriminación de género, instalada aún hoy en el seno del Servicio Canario de Salud.
Por su parte, Beatriz Barrera, muy sensibilizada por el caso, solicitará a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias un informe para aclarar si estas prácticas se están produciendo, y si hay instrucciones generales que tengan en cuenta que una baja por maternidad es una incapacidad temporal transitoria, o baja por materinidad y que esto no puede condicionar una renovación contractual.
Barrera se mostró también sorprendida ante estas cuestiones, lamentando que todavía se produzcan mientras se habla de conciliación familiar, legislando a nivel nacional y en las CC. AA, para facilitar que las mujeres, que así lo decidan, participen como madres en el necesario rejuvenecimiento poblacional: “lo que no podemos es adoptar prácticas que desincentiven la maternidad”.
Barrera aboga ahora, por reunirse presencialmente con los responsables públicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para mediar, conseguir que ambas partes se sienten y traten de resolver esta problemática que afecta a decenas de médicas y facultativas especialistas de área de Canarias.
La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias y el Sindicato SEMCA, no cesarán en impulsar todas las acciones que les otorga el derecho para que todos los facultativos en abuso del SCS, empezando por las madres doblemente abusadas, vean reparado el daño y accedan a su merecida estabilidad laboral tras años y décadas de abusos en la sombra del desconocimiento público.